Redacción: Emilio López
Durante su primera semana de segundo cargo, Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre la inmigración de su país y emitió una serie de decretos para la deportación y la seguridad en la frontera. Lo cual podría recurrir al uso del Departamento de Defensa, tal como hizo para financiar el muro fronterizo durante sus primeros 4 años como presidente.
Por otra parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) identificó una cantidad promedio de 710 arrestos diarios de migrantes entre el pasado jueves 23 y el lunes 26 de enero, a comparación del Gobierno de Bien que calculó 311 en los 12 meses del año pasado 2024.
Sin embargo, el mandatario amplió diversas prioridades de detención que abarcan a cualquier persona que no cuente con los suficientes documentos para residir legalmente en el país, ya que el gobierno estadounidense los considera como personas que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional.
También se han implementado otras medidas como los vuelos de expulsión, incluyendo el uso de los aviones militares para regresarlos. De modo que los deportados no tienen el conocimiento de sus derechos y no pueden ser defendidos por las leyes que rigen por parte de sus países de origen.
El inicio del segundo mandato de Trump marca un endurecimiento inmediato de la política migratoria en EE.UU., con un aumento en detenciones, deportaciones y el uso de medidas más agresivas como los vuelos de expulsión. Estas acciones han generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y gobiernos de los países de origen de los migrantes, ya que muchos de ellos enfrentan barreras legales para defenderse. Mientras la administración justifica estas medidas en nombre de la seguridad nacional, el debate sobre su impacto humanitario y legal apenas comienza.
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