Redactor: Sam Torne
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido la existencia de errores en las listas de más de 4,000 candidatos enviadas por el Senado para las elecciones judiciales programadas para el siguiente primero de junio. Estas listas, publicadas inicialmente en el sitio web del INE, presentan inconsistencias como nombres duplicados, candidatos que han declinado participar y datos incompletos o incorrectos.
Ante esta situación, el INE ha enfatizado que la responsabilidad de corregir estos errores recae en el Senado, ya que el instituto no está facultado para modificar la información proporcionada por otro poder del Estado.
Con la fecha límite del 20 de febrero para enviar las boletas a impresión, el INE ha instado al Senado a subsanar las inconsistencias en un plazo de 48 horas. Además, ha hecho un llamado a los aspirantes para que verifiquen sus datos y, en caso de detectar errores, los comuniquen oportunamente.
La consejera electoral Dania Ravel destacó la urgencia de contar con información precisa para imprimir más de 600 millones de boletas, subrayando la necesidad de mecanismos que brinden claridad, transparencia y celeridad en el proceso.
Reacciones y responsabilidades
El consejero presidente de la Comisión Temporal de la Elección del Poder Judicial del INE, Jorge Montaño Ventura, afirmó que las inconsistencias detectadas son ajenas al instituto y que la responsabilidad de corregirlas corresponde al Senado.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido al Senado, sugiriendo que el INE debe resolver las inconsistencias en las listas de candidatos. Este cruce de responsabilidades ha generado un ambiente de tensión entre las instituciones involucradas en la organización de las elecciones judiciales.
Contexto de las elecciones judiciales
Estas elecciones, programadas para el 1 de junio de 2025, son históricas en México, ya que por primera vez se elegirán mediante voto popular más de 900 cargos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros.
Este proceso es resultado de una reforma judicial que busca democratizar el Poder Judicial, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a sus autoridades judiciales. Sin embargo, la implementación de esta reforma ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo conflictos entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, así como tensiones entre el INE y el Senado respecto a la organización y logística del proceso electoral.
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