Redactor: Sam Torne
México se encuentra en una etapa histórica con la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. A partir del 30 de marzo, más de 3,400 candidatos iniciaron sus campañas para ocupar 881 cargos disponibles, incluyendo posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales electorales y juzgados de distrito.
Debido a las restricciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), los candidatos tienen prohibido anunciarse en radio, televisión y medios impresos, así como realizar eventos masivos. Esto ha llevado a que las redes sociales se conviertan en el principal escenario para la promoción de sus propuestas. Plataformas como X (anteriormente Twitter), Facebook e Instagram son utilizadas para difundir mensajes y conectar con el electorado.
Mensajes y estrategias de los candidatos
Los aspirantes han adoptado diversas estrategias para captar la atención de los votantes. Frases como «vota por mí», «no te voy a fallar» y «soy tu mejor candidato» se han vuelto comunes en sus publicaciones. Algunos han optado por eslóganes creativos; por ejemplo, Dora Alicia Martínez Valero se presenta como «Dora la transformadora», comprometiéndose a transformar la justicia en caso de ser electa.
Figuras destacadas en la contienda
Entre los candidatos sobresalen:
- Paula García Villegas Sánchez Cordero: hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se presenta como la «juzgadora con causas» y destaca su trayectoria de 28 años en el Poder Judicial.
- Marisela Morales: primera mujer en encabezar la Procuraduría General de la República promete defender la independencia judicial y combatir la corrupción.
- Rafael Quesada: enfoca su campaña en la defensa de los derechos humanos laborales y la impartición de justicia con integridad.
- Adriana Favela Herrera: con experiencia en materia electoral, busca ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Enrique Figueroa Ávila: aspira a ser magistrado electoral de la Sala Superior, destacando su compromiso con la justicia imparcial.
Los candidatos no cuentan con financiamiento público y deben abstenerse de realizar actos masivos, utilizar espectaculares o contratar publicidad en medios. Esto limita sus herramientas de promoción a la participación en foros, entrevistas y el uso de redes sociales.
Además, la falta de recursos financieros y la prohibición de financiamiento privado obligan a los candidatos a financiar sus propias campañas, con topes de gasto establecidos por el INE.
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