Redactor: Sam Torne
La reciente declaración del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha generado una respuesta contundente por parte de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. El CED expresó su preocupación por la posible práctica sistemática de desapariciones forzadas en México, lo que llevó a Alcalde a cuestionar la imparcialidad del organismo internacional.
Alcalde afirmó que los señalamientos del CED tienen una orientación política e ideológica, sugiriendo que «no le gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente». Además, destacó que no es la primera vez que grupos dentro de la ONU actúan de manera facciosa sin elementos objetivos.
Defensa de las acciones gubernamentales
La líder de Morena subrayó que, desde 2018, el gobierno mexicano no ha participado en desapariciones forzadas ni en violaciones a los derechos humanos, y que tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad involucrada en tales actos. Según Alcalde, se han implementado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad como nunca antes, citando las acciones del sexenio pasado y las recientes iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.
El CED de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que podría llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU. Esta medida se basa en informes que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en México.
Este señalamiento se produce en un contexto donde, según datos oficiales, hay más de 127,000 personas desaparecidas en el país, más de 5,600 fosas clandestinas y una impunidad del 99% en estos delitos.
Reacciones del gobierno mexicano
El gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones del CED, afirmando que no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. Además, reiteró su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la atención a las causas de la violencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se pronunció, calificando de descontextualizadas las afirmaciones del CED y negando que exista una crisis de desapariciones en México atribuible a una política de Estado.
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