Diputados de Morena bajo la lupa: polémica por la falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales

Diputados de Morena

Redactor: Sam Torne 

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en cualquier democracia, sin embargo, recientes investigaciones han puesto en entredicho el compromiso de algunos legisladores de Morena en la Cámara de Diputados respecto a la presentación de sus declaraciones patrimoniales. Este artículo examina los hallazgos más relevantes y las implicaciones de esta situación.​ 

Una investigación realizada por el medio Proceso reveló que varios diputados de Morena no han presentado sus declaraciones patrimoniales o lo han hecho de manera incompleta. Entre los casos más destacados se encuentran:​ 

  • Leonel Godoy: integrante de la Comisión de Justicia, no tiene registrada su declaración patrimonial en los archivos públicos de la Cámara de Diputados. ​ 
  • Sergio Gutiérrez Luna: presidente de la Mesa Directiva, tampoco cuenta con una declaración patrimonial registrada en los mencionados archivos. ​ 

Declaraciones patrimoniales de otros diputados 

Otros legisladores han presentado sus declaraciones, pero estas han generado dudas debido a la información proporcionada:​ 

  • Pedro Haces Barba: coordinador de Operación Política de Morena, declaró ser propietario de dos inmuebles, un automóvil y una motocicleta. Además, mencionó tener dos cuentas bancarias y ser socio del 50% de una empresa, cuyo nombre omitió. ​ 
  • Arturo Ávila: vocero de la bancada de Morena, indicó poseer tres casas, un departamento y dos automóviles. También reportó ser accionista del 99% de una empresa sin revelar su nombre. ​ 
  • Ricardo Monreal: coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó no tener propiedades inmuebles y ser dueño únicamente de un automóvil. ​ 
  • Cuauhtémoc Blanco: exgobernador de Morelos y actual diputado federal, declaró ser propietario de cuatro departamentos y una casa, pero no poseer vehículos. ​ 

La Ley de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 32 que todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en investigaciones por posibles faltas administrativas y, en casos graves, en la separación del cargo.  

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