Redacción: Inés Arroyo
La presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dieron a conocer detalles sobre el proceso legal contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Cristina Pereira, por contratos públicos irregulares.
Según las autoridades, García Luna participó en un esquema de corrupción durante años. Obtuvo contratos con sobreprecios que suman más de 727 millones de dólares. Para ocultar estos recursos, se usaron empresas fachada y movimientos financieros complejos.
En la primera etapa del proceso civil, un juez ordenó que García Luna y su esposa devuelvan 12.5 millones de dólares, parte de los 250 millones que reclama el gobierno mexicano. La UIF señaló que continuará con más acciones para recuperar el total del dinero desviado.
Aunque el caso se atiende en tribunales internacionales, principalmente en Florida, Estados Unidos no participa directamente en la demanda civil. Sin embargo, García Luna enfrenta procesos penales en ese país por delitos relacionados con narcotráfico y conspiración, lo que afecta su defensa financiera.
Sheinbaum reiteró que el gobierno no permitirá la impunidad, sin importar el poder que haya tenido el acusado. Además, adelantaron que se revelarán más datos sobre otros contratos y posibles cómplices, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Este caso pone en evidencia la profundidad de la corrupción y el desafío que representa combatirla. ¿Logrará México recuperar todos los recursos y hacer justicia plena en este caso?
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