TEMAS CENTRALES: La tragedia del Poder Judicial
Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Tragedia: obra dramática de asunto serio y final desdichado.
(Diccionario Larousse)
El proceso hacia la demolición del Poder Judicial continúa su marcha. En contra de la mal llamada reforma judicial, oídos sordos. No hay razones ni argumentos que valgan. Más que acabar con la corrupción, el nepotismo y el influyentismo que, según el discurso oficial, prevalece en el sistema judicial, la reforma judicial constituye la guillotina que dará fin a la carrera judicial de los juzgadores actuales, que, por lo pronto, ya fueron condenados a perder sus cargos, por el muy “democrático” método de la tómbola.
Se critica a los trabajadores del Poder Judicial que se oponen a esta reforma, señalando que lo hacen porque quieren mantener sus privilegios económicos y políticos, y que los que se quejan “es porque ya se van”. ¿Y cómo no se van a quejar, si los están dando de baja por causas no imputables a ellos? En una contradicción difícil de explicar, el gobierno afirma que no se afectarán los derechos de los trabajadores, pero de acuerdo a lo visto el fin de semana pasado, para 2025 o, a más tardar, para 2027, se quedarán sin trabajo, sin que quede muy claro qué pasará con sus derechos laborales. Por ejemplo, su antigüedad, porque, a fin de cuentas, se trata de un despido colectivo en una evidente violación a sus derechos humanos.
Dicen los de la 4T que esta reforma no la para nada ni nadie, aunque sus bondades sean muy cuestionables. Su principal fundamento, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros como fórmula para acabar con la corrupción, no convence. Hasta el momento, no hay manera de explicar cuánto o cómo es que la elección popular sea, precisamente, la panacea para acabar con la corrupción. Si el voto popular garantizara esto, quienes son elegidos por el voto del pueblo, diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales, y hasta la propia jefatura del Ejecutivo, serían todos ejemplos de honestidad. Estaríamos de acuerdo en que esto está muy lejos de ser verdad. Los casos de corrupción en representantes populares son más frecuentes de lo deseado. Y es que el voto popular difícilmente tiene que ver con la conducta y la actuación del servidor público.
Las múltiples críticas provenientes de especialistas, analistas, instituciones académicas y asociaciones de abogados, nacionales y extranjeras, no han hecho mella en la voluntad oficial que continúa incontenible y, de manera acelerada, con su plan C. La semana pasada, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) presentó ante la ONU una denuncia en contra del gobierno de México, acusándolo de haber recurrido a la coacción, persecución y amenaza a opositores para lograr la aprobación de la reforma judicial.
La Misión Internacional de Observación y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Reforma Judicial de México, integrada por dirigentes políticos de 10 naciones, visitó nuestro país en septiembre pasado para recopilar información sobre las denuncias y ataques del titular del Poder Ejecutivo al Poder Judicial de la Federación.
En el informe entregado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las presidentas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de la Unión Interparlamentaria, se advierte que “la legitimidad del proceso de aprobación queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenaza a senadores de oposición. No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una reforma judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal”.
El documento, que incluye las denuncias de los partidos de oposición por amenazas del crimen organizado y persecución política del Estado, menciona que los señalamientos del Ejecutivo en contra del Poder Judicial “la mayoría son infundados… criminaliza y estigmatiza a los empleados y funcionarios judiciales que no solo ven amenazada su estabilidad laboral y profesional, sino ya su propia seguridad e integridad como ciudadanos.” Y concluye que “la relatoría exhibe los suficientes elementos para concluir que México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo las instituciones de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos.”
Pero los de Morena, como el clásico, ni ven ni escuchan las críticas y siguen adelante con su lotería de despidos. Por cierto, para lograr el quórum para la sesión del sorteo del sábado pasado, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, se mostró muy complaciente con Morena, aportándole 11 senadores de su partido para completar y hasta rebasar el mínimo requerido de 65 legisladores. La sesión se realizó con 68 senadores presentes.
El PRI pudo haber puesto en aprietos al presidente de la Mesa Directiva del Senado y maestro de ceremonias del sorteo, Gerardo Fernández Noroña, si se hubieran solidarizado con el PAN y Movimiento Ciudadano, que habían acordado no asistir a la sesión, pero ya sabemos con quién están las lealtades de este dirigente de “oposición”.
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