Redactor: Sam Torne
En las últimas semanas, Canadá y México han intensificado sus esfuerzos diplomáticos para evitar la imposición de aranceles del 25% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, anunciados por el presidente Donald Trump. Estas tarifas, programadas para entrar en vigor el 4 de marzo de 2025, buscan presionar a ambos países para que refuercen la seguridad fronteriza y combatan el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
En respuesta a las amenazas arancelarias, tanto Canadá como México han implementado una serie de acciones:
- Canadá: el gobierno canadiense ha designado a cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, permitiendo una mayor capacidad de acción contra estas entidades. Además, ha incrementado la vigilancia en la frontera y nombrado a Kevin Brosseau como encargado de coordinar la lucha contra el contrabando de fentanilo.
- México: el país ha desplegado hasta 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera norte para frenar el tráfico de drogas y migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de abordar la migración con un enfoque de derechos humanos y ha rechazado la idea de cerrar fronteras, abogando por una colaboración más estrecha entre los gobiernos de la región.
A pesar de las medidas adoptadas, persisten desafíos significativos:
- Inspección de paquetes: uno de los principales obstáculos es la dificultad para inspeccionar los millones de paquetes de bajo valor que ingresan diariamente a Estados Unidos, utilizados frecuentemente para el contrabando de fentanilo. La pausa en la exención «de minimis» ha complicado aún más la situación, ya que no existen procedimientos claros para revisar estos envíos masivos.
- Amenazas arancelarias adicionales: además de los aranceles propuestos para el 4 de marzo, Trump ha anunciado aumentos sustanciales en los aranceles sobre el acero y el aluminio, afectando directamente a Canadá y México. Estos incrementos, que incluyen una tasa del 25% sobre el acero y el aluminio, están programados para entrar en vigor el 12 de marzo, añadiendo presión a las negociaciones actuales.
La imposición de estos aranceles podría desestabilizar la economía norteamericana, altamente integrada entre los tres países. Sectores clave como el automotriz, energético y agrícola podrían verse gravemente afectados, alterando cadenas de suministro y aumentando los costos para consumidores y empresas. Además, estas medidas podrían desencadenar una renegociación anticipada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), originalmente previsto para revisión en 2026.
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