Con 6 mil millones de pesos: ¿Podrá el INE garantizar un proceso judicial transparente?
Redactor: Sam Torne
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta uno de sus mayores retos financieros de los últimos años al organizar la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025. Este proceso, que busca renovar 811 cargos entre jueces, magistrados y ministros, requerirá una inversión significativa pese a un entorno de restricciones presupuestarias.
El INE propuso destinar 6,132 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con capacitación electoral, instalación de centros de votación, impresión de materiales, logística y cómputos. Sin embargo, esta cifra representa una reducción del 46% respecto al presupuesto originalmente solicitado de 13,205 millones de pesos para este evento.
Contexto presupuestario: recortes y prioridades
Para 2025, el INE solicitó una bolsa global de 40,476 millones de pesos para sus operaciones, pero la Cámara de Diputados aprobó solo 27,000 millones. De este total, 7,000 millones están asignados a los partidos políticos, una cifra protegida constitucionalmente que no puede ser reducida.
Esto deja al organismo con 20,000 millones de pesos para gestionar tanto sus operaciones anuales como proyectos específicos, incluida la elección judicial. Para adaptarse a esta realidad, el INE ha tenido que realizar una reingeniería financiera, recortando gastos en áreas no esenciales y ajustando el alcance de las actividades planificadas.
Innovación para reducir costos
Ante la imposibilidad de instalar las 172,000 casillas previstas originalmente, el INE optará por centros de votación masivos, una medida que busca maximizar la participación ciudadana y reducir costos operativos. Se planea establecer alrededor de 80,000 puntos de votación, lo que permitirá a miles de personas emitir su voto en espacios compartidos en lugar de casillas individuales.
Aunque esta estrategia puede garantizar el ejercicio democrático, también plantea desafíos logísticos y operativos, como la posible saturación de los centros de votación y mayores tiempos de espera para los ciudadanos.
La organización de esta elección judicial será una prueba de fuego para el INE, que deberá equilibrar eficiencia, transparencia y austeridad en un proceso clave para el sistema judicial mexicano. Además, la presión por parte de actores políticos y la ciudadanía para garantizar la calidad del proceso será un factor determinante.
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