Redactor: Sam Torne
El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Laken Riley, una legislación que permite la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores como robo y hurto. Este proyecto de ley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024, fue enviado al presidente Donald Trump para su promulgación.
La Ley Laken Riley exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a inmigrantes indocumentados que sean acusados, arrestados o condenados por ciertos delitos no violentos, incluyendo robo, hurto y allanamiento. Además, la legislación autoriza a los fiscales generales estatales a demandar al gobierno federal por decisiones relacionadas con la liberación de ciertos migrantes de la detención. También permite que los estados obliguen al Departamento de Estado a imponer sanciones en materia de visados a los países que se nieguen a aceptar a ciudadanos que sean elegibles para la deportación.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes con 263 votos a favor, incluyendo el respaldo de 46 demócratas, reflejando una división dentro del partido. Previamente, el Senado había aprobado la medida con 64 votos a favor, entre ellos 12 demócratas, y 35 en contra. La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en Georgia en 2024 por José Ibarra, un inmigrante venezolano que estaba de forma irregular en Estados Unidos. Ibarra fue declarado culpable de secuestrar, agredir y asesinar a Riley, y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La aprobación de la Ley Laken Riley ha generado un intenso debate en Estados Unidos. Los partidarios de la ley, principalmente republicanos, argumentan que es una medida necesaria para garantizar la seguridad pública y prevenir crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. El congresista Mike Collins, autor de la propuesta, señaló que la ley busca cerrar lagunas legales que permiten que inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores eviten la detención y posible deportación.
Por otro lado, los críticos de la ley, incluyendo organizaciones de derechos civiles y algunos legisladores demócratas, advierten que podría fomentar la discriminación racial y étnica, además de sobrecargar el sistema judicial y las instalaciones de detención de ICE. También expresan preocupaciones sobre posibles violaciones al debido proceso y el riesgo de detenciones injustas de personas que aún no han sido condenadas por un delito.
Se espera que el presidente Donald Trump firme la Ley Laken Riley en los próximos días, lo que marcaría su primera victoria legislativa en su segundo mandato. La implementación de esta ley requerirá que ICE ajuste sus operaciones para cumplir con las nuevas obligaciones de detención, lo que podría implicar desafíos logísticos y financieros significativos.
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