Redactor: Sam Torne
El Senado mexicano se encuentra en medio de una intensa discusión tras la aprobación en comisiones de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que busca prohibir la transmisión de propaganda política extranjera y otorgar mayores facultades al Ejecutivo en materia de telecomunicaciones, ha generado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha hecho un llamado al Senado para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma. Organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de la ley en la censura de contenidos y el control gubernamental sobre los medios de comunicación.
Facultades ampliadas para la Agencia de Transformación Digital
La nueva ley propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumiría funciones previamente desempeñadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta agencia tendría la autoridad para otorgar concesiones, supervisar emisiones y, según el artículo 109 del proyecto, bloquear temporalmente plataformas digitales en casos de incumplimiento de las disposiciones legales.
Posturas encontradas en el Senado
Durante la discusión en comisiones, senadores del Partido del Trabajo (PT) defendieron la iniciativa, argumentando que busca proteger la soberanía nacional y evitar la transmisión de mensajes discriminatorios provenientes del extranjero. Por otro lado, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron la ley, calificándola de «ley censura» y advirtiendo sobre el riesgo de concentrar el control de los medios en el Ejecutivo.
La propuesta surge tras la difusión en medios mexicanos de una campaña antiinmigrante del gobierno estadounidense, que generó indignación por su contenido considerado hostil y discriminatorio. La nueva legislación busca evitar que situaciones similares se repitan, estableciendo sanciones para los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, salvo fines culturales o turísticos.
Próximos pasos y llamado al diálogo
El dictamen de la ley será discutido y votado en el pleno del Senado el próximo lunes. Diversas voces, tanto nacionales como internacionales, han instado a los legisladores a abrir espacios de consulta y a considerar las implicaciones de la reforma en los derechos fundamentales de la población. La aprobación de esta ley podría marcar un precedente significativo en la regulación de las telecomunicaciones y la libertad de expresión en México.
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