Redactor: Sam Torne
México aprobó una reforma judicial que establece la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, un cambio sin precedentes en el país. Esta reforma busca democratizar la selección de funcionarios judiciales, pero ha enfrentado múltiples desafíos legales y operativos desde su implementación.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial fue creado para supervisar el proceso de selección de candidatos, asegurando que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad y evaluando su idoneidad para los cargos. Sin embargo, en enero de 2025, el Comité suspendió sus actividades en respuesta a una medida cautelar emitida por un juzgado de distrito en Michoacán, lo que generó tensiones y retrasos en el proceso de selección.
Propuesta de la Magistrada Mónica Soto
Ante la inacción del Comité, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, presentó un proyecto que propone que el Senado de la República asuma las funciones del Comité de Evaluación. La iniciativa sugiere que el Senado realice un sorteo público (insaculación) entre los aspirantes que cumplen con los requisitos básicos de elegibilidad, omitiendo la etapa de evaluación de idoneidad debido a la proximidad de las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025.
Detalles de la propuesta
El proyecto de Soto, de más de 40 páginas, plantea que el Senado:
- Efectúe la insaculación pública de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad.
- Remita las listas resultantes al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 4 de febrero para su aprobación.
En caso de que la SCJN no apruebe las listas, las candidaturas serían enviadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) bajo el principio de “afirmativa ficta”, permitiendo así avanzar en el proceso electoral sin más demoras.
La propuesta ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica y política de México. Algunos sectores apoyan la iniciativa como una solución pragmática para evitar más retrasos en la implementación de la reforma judicial. Otros critican la omisión de la evaluación de idoneidad, argumentando que podría comprometer la calidad y preparación de los futuros funcionarios judiciales.
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