Redactor: Sam Torne
México se prepara para una jornada histórica: el próximo 1 de junio se celebrará la primera elección popular del Poder Judicial, en la que más de 99.7 millones de ciudadanos podrán votar por más de 3,400 candidaturas para 881 cargos judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante este panorama inédito, ya han llegado al país las primeras misiones de observación electoral, que advierten sobre los retos que enfrenta el proceso, particularmente en materia de participación ciudadana.
La Misión de Acompañamiento Internacional, encabezada por Katie Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, ha sido una de las primeras en visitar México como parte de un grupo más amplio de 77 observadores internacionales acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En conferencia de prensa, Uriona señaló que uno de los principales obstáculos será garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información clara y suficiente sobre las candidaturas, a pesar de las limitaciones legales que impiden campañas proselitistas tradicionales.
«El desafío es que la población pueda comprometerse de manera proactiva a conocer las candidaturas a través de los mecanismos» que ha dispuesto el INE, explicó Uriona, quien tiene experiencia previa en procesos similares, como la elección judicial boliviana de 2017. En aquel proceso, a pesar del voto obligatorio, la participación fue baja, y Uriona no descarta que México enfrente un escenario similar si no se logra motivar al electorado.
La misión internacional contempla emitir un informe con recomendaciones y observaciones tras concluir la jornada electoral. El objetivo, en palabras de Uriona, es ofrecer insumos que puedan ser útiles para otros países que eventualmente consideren adoptar esquemas parecidos de elección judicial.
Durante su primera visita, la misión sostendrá reuniones con diversas áreas del INE y con los Comités de Evaluación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para analizar los procedimientos seguidos desde las postulaciones hasta la evaluación de los aspirantes.
Aunque algunos candidatos han sido señalados por presuntos vínculos con delitos o con el crimen organizado, Uriona fue enfática en señalar que esos temas no forman parte del ámbito de su misión, ya que esa tarea corresponde a los observadores jurisdiccionales del sistema electoral mexicano.
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