Redactor: Sam Torne
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido reducir la severidad de las sanciones aplicables a las candidaturas al Poder Judicial que incurran en infracciones relacionadas con ingresos y gastos de campaña. Inicialmente, se contemplaba la cancelación del registro por no presentar el informe único de gastos, recibir recursos públicos o privados, o asistir a eventos de partidos políticos.
Sin embargo, tras una votación dividida, se determinó que la cancelación del registro solo procederá cuando la gravedad de la falta lo amerite. Además, se eliminó la sanción de cancelación por la no presentación del informe de gastos únicos.
El INE también aprobó lineamientos en materia de fiscalización que deberán seguir las candidaturas, detallando gastos permitidos, actividades prohibidas, infracciones y sanciones. Se prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión para la promoción de las personas candidatas a juzgadoras, así como de espacios publicitarios en medios impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública.
Las campañas podrán utilizar redes sociales o medios digitales para promocionar sus logros y propuestas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar los alcances de sus contenidos; es decir, no podrán contratar pautado publicitario.
Opiniones divididas en el consejo general
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, enfatizó la importancia de que las candidaturas presenten sus informes de gastos para garantizar la transparencia en el uso de recursos durante las campañas.
Por otro lado, el consejero Uuc-kib Espadas argumentó que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción, señalando que no es correcto aplicar la misma sanción a quien recibe una gran suma de dinero de una instancia gubernamental y a quien acepta un pequeño apoyo, como el pago de un taxi.
En contraste, el consejero Jorge Montaño subrayó que la posibilidad de cancelar el registro de las candidaturas carece de sustento, ya que trastoca el régimen competencial y de separación de poderes del sistema político-electoral en México, excediendo las atribuciones del INE.
Estos ajustes buscan equilibrar la necesidad de fiscalizar y sancionar las irregularidades en las campañas judiciales, garantizando al mismo tiempo la proporcionalidad y equidad en las sanciones impuestas.
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