Redacción: Inés Arroyo
Los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron en California, con redadas en plantaciones de arándanos y otros centros de trabajo agrícola. La ofensiva forma parte de un plan federal que busca alcanzar una meta de tres mil detenciones diarias, ordenada por Stephen Miller, subjefe de personal en la Casa Blanca.
Las acciones han provocado preocupación entre organizaciones de defensa de derechos migrantes, que documentaron operativos en diversos puntos del estado. Se estima que más de 255 mil trabajadores del campo en California carecen de documentos, lo que los coloca en situación de alta vulnerabilidad.
Los Ángeles ha sido uno de los focos de estas operaciones. Desde el viernes, se han reportado 330 detenciones. En lugares como Downey, agentes arrestaron a personas en tiendas y gimnasios. Un concejal local denunció la estrategia como un intento por generar “caos y miedo”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazó la ofensiva federal y advirtió que su ciudad podría estar siendo utilizada como prueba para reducir la autonomía de gobiernos locales. También alertó sobre el impacto emocional en las comunidades migrantes.
En paralelo, la policía ha detenido a personas por violar el toque de queda nocturno. Aunque las protestas se mantienen en su mayoría pacíficas, las autoridades han empleado proyectiles de control para dispersar a manifestantes.
El fiscal de distrito del condado, Nathan Hochman, pidió perspectiva: solo una pequeña fracción de los habitantes ha salido a protestar, aseguró, y llamó a no sobredimensionar el clima de tensión.
Por su parte, el general Dan Caine negó que las manifestaciones representen una amenaza extranjera, como lo sugirió el presidente Trump. Aclaró que no hay señales de intervención militar externa en las movilizaciones.
En la frontera con Nuevo México, soldados estadounidenses detuvieron a tres personas acusadas de invadir una zona recientemente militarizada. Además, un juez federal impidió la deportación de un estudiante activista, tras concluir que no puede ser removido solo por orden del secretario de Estado.
Las redadas han reactivado el debate sobre los límites del poder federal, el respeto a las jurisdicciones locales y los derechos de las comunidades migrantes.
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