Sheinbaum desmiente presiones de Trump y asegura que el traslado de narcos fue decisión interna

Sheinbaum desmiente presiones de Trump y asegura que el traslado de narcos fue decisión interna

En una acción sin precedentes, el gobierno mexicano trasladó recientemente a 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos. Esta decisión ha generado diversas interpretaciones y debates sobre sus motivos y consecuencias.​ 

El 27 de febrero, las autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo que culminó con el traslado de 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos. Entre ellos se encontraba Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985.  

Esta acción se produjo en medio de tensiones comerciales entre ambos países, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, argumentando una supuesta inacción de México en el combate al narcotráfico y la inmigración ilegal. ​ 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el traslado de estos 29 narcotraficantes no fue una medida para complacer al presidente Trump, sino una acción orientada a proteger la seguridad nacional de México. Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad tomó esta decisión debido a informes que sugerían la posible liberación de algunos de estos líderes del narcotráfico, lo que podría haber tenido consecuencias graves para el país. ​ 

Sheinbaum enfatizó que la corrupción en el Poder Judicial mexicano es «aberrante» y que esta situación podría haber facilitado la liberación de estos criminales. Por ello, se optó por su traslado a Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales más rigurosos. ​ 

La decisión de trasladar a estos narcotraficantes ha sido vista como un paso significativo en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también ha generado controversia debido a la rapidez y al marco legal en el que se llevó a cabo. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, aclaró que no se trató de una extradición convencional, sino de un «envío» basado en la Ley de Seguridad Nacional y una solicitud formal de Estados Unidos. ​ 

Además, esta acción se produce en un contexto de tensiones comerciales, ya que Estados Unidos implementó aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, rompiendo décadas de cooperación entre los países de América del Norte. México ha respondido pacíficamente, presentando esfuerzos por disminuir su dependencia de productos chinos y colaborando en la lucha contra el narcotráfico. 

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