Redactor: Sam Torne
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un aumento significativo en el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el pasado 20 de marzo. Esta medida forma parte de una serie de reformas encaminadas a fortalecer la capacidad del país para abordar la problemática de las desapariciones forzadas.
México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 120,000 casos documentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) desde la década de 1960. Esta situación ha generado una presión constante sobre las autoridades para implementar estrategias más efectivas en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Anuncio del incremento presupuestal
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum destacó la necesidad de reforzar la CNB para mejorar su capacidad operativa. Aunque no se especificaron cifras exactas, se enfatizó que el incremento presupuestal permitirá a la CNB adquirir equipos especializados y mejorar sus procesos de búsqueda e identificación.
La mandataria subrayó que, antes de asignar recursos adicionales a otras instituciones, es esencial que todos los recursos del Estado mexicano se pongan al servicio del nuevo sistema de búsqueda. Esto incluye la coordinación con diversas entidades y la optimización de las capacidades existentes.
Integración de recursos y tecnologías existentes
Sheinbaum mencionó la importancia de aprovechar infraestructuras ya existentes, como el Centro de Identificación de ADN de la Ciudad de México, que podría ponerse al servicio nacional para fortalecer las labores de identificación. Además, instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuentan con sistemas avanzados de identificación genética que podrían integrarse al sistema nacional de búsqueda.
Como parte de las acciones para enfrentar la crisis de desapariciones, el gobierno federal planea enviar al Congreso de la Unión un paquete de reformas legales. Estas modificaciones buscan fortalecer la búsqueda de personas, aumentar las sanciones y establecer bases de datos únicas que faciliten la atención de delitos relacionados con desapariciones.
Uno de los objetivos es consolidar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como la fuente principal de identidad, permitiendo generar alertas que faciliten la identificación de personas reportadas como desaparecidas. También se propone la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, alimentada por datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.
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