Redacción: Inés Arroyo
Con 323 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Amparo, limitando los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales. Esta reforma, que ha generado un intenso debate, altera el impacto de las resoluciones judiciales, restringiendo su alcance a situaciones individuales en lugar de tener efectos generales.
La modificación principal implica que las sentencias de amparo ya no afectarán a toda la población en casos similares, sino solo a quienes hayan interpuesto el juicio. Los defensores de la reforma, como los legisladores de Morena y el PT, argumentan que el amparo ha sido utilizado por grandes empresas y grupos de poder para frenar políticas públicas que buscan el beneficio común. Según ellos, esta reforma es necesaria para evitar el abuso del amparo y recuperar su propósito original: proteger los derechos de los ciudadanos frente a acciones del poder público.
Por otro lado, la oposición, encabezada por el PAN, ha expresado su preocupación. Los críticos afirman que esta reforma limita el acceso de los ciudadanos a una herramienta legal vital para defender sus derechos, especialmente aquellos con menos recursos económicos. Guillermo Anaya, diputado del PAN, señaló que solo quienes puedan costear un abogado tendrán la posibilidad de recurrir al amparo, lo que profundizará las desigualdades.
Además de la limitación en los efectos generales del amparo, la reforma también incluye cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se reducirá de ocho a seis el número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una ley. También se eliminará el sistema de salas en la Corte para hacer más eficiente la toma de decisiones y reducir la burocracia.
Los opositores, sin embargo, consideran que la reforma concentra más poder en el gobierno, al reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9. Esto podría disminuir la pluralidad y aumentar la influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Este cambio legislativo plantea un dilema: mientras que algunos lo ven como una medida para eliminar abusos, otros temen que limite el acceso de la población a la justicia. El futuro de la Ley de Amparo dependerá de cómo afecte a los derechos de los ciudadanos y a la independencia judicial en el país.
¿Es esta reforma una garantía de justicia para todos o solo una herramienta para proteger los intereses de unos pocos?
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