Redactor: Sam Torne
El presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, ha arremetido contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras su rechazo a la lista de candidatos insaculados por el Senado para la elección judicial. Fernández Noroña calificó la decisión de la Corte como «intrascendente» y acusó al máximo tribunal de hipocresía.
El conflicto surge en el marco de la reforma judicial que busca, por primera vez, que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Para ello, se estableció un proceso de selección de candidatos mediante insaculación (sorteo) realizado por el Senado, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la SCJN rechazó la lista de 995 candidaturas resultantes de este proceso, argumentando que no cumplía con los criterios establecidos.
En respuesta, Fernández Noroña afirmó que la decisión de la SCJN es irrelevante, ya que, según la ejecutoria SUP-JDC-8/2025 del TEPJF, si la Corte no aprueba o no somete a trámite los listados, se considera una «afirmativa ficta». Esto permite a la Mesa Directiva del Senado remitir directamente las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con la elección judicial.
El senador también acusó a la SCJN de hipocresía, señalando que, independientemente de su validación, las candidaturas seguirán su curso. «Son los hipócritas, están haciendo una farsa… la decisión de la Corte es intrascendente», declaró Fernández Noroña.
Este enfrentamiento evidencia las tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial en torno a la reforma judicial. Mientras el Senado, respaldado por el TEPJF, avanza con el proceso de insaculación para seleccionar a los candidatos, la SCJN muestra resistencia, cuestionando la legitimidad y constitucionalidad del método empleado.
A pesar del rechazo de la SCJN, el Senado planea enviar las listas de candidatos al INE, siguiendo el mandato del TEPJF. Este organismo será el encargado de organizar la inédita elección judicial programada para el 1 de junio de 2025, donde por primera vez los ciudadanos elegirán a jueces y magistrados mediante voto popular.
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