Redactor: Sam Torne
Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha regresado al foco público como figura clave en la transformación del sistema judicial impulsada por la llamada Cuarta Transformación (4T). Desde su cargo actual como coordinador de Política y Gobierno en la presidencia de la República —nombramiento otorgado por Claudia Sheinbaum—, Zaldívar ha desempeñado un rol decisivo en la estructuración del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), especialmente de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.
De acuerdo con investigaciones periodísticas de Proceso y Animal Político, 21 personas cercanas a Zaldívar aspiran a cargos clave en el rediseñado PJF: desde la Suprema Corte hasta el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el cual se encargará de sancionar a jueces y magistrados a partir de septiembre. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE), que seleccionó a los candidatos, contó con una presencia influyente del exministro, así como de excolaboradores suyos como entrevistadores.
Entre los aspirantes destacan Ana María Ibarra, Fabiana Estrada y Gabriel Regis, todos con historial laboral directo con Zaldívar. También figuran nombres como Jaime Santana y José Artemio Zúñiga, ambos vinculados a denuncias pasadas por presunta manipulación judicial en favor de intereses del gobierno de López Obrador. Aunque las denuncias no prosperaron judicialmente, han generado preocupación en sectores que exigen mayor transparencia en el proceso.
¿Continuidad o concentración de poder?
Para los críticos, este escenario plantea el riesgo de que el nuevo sistema judicial no sea una reforma profunda, sino una redistribución de poder dentro de la misma élite política. El hecho de que 14 de los candidatos finales provengan del entorno de Zaldívar refuerza esta percepción. Asimismo, el pase directo otorgado a figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz, también cercanos a Morena, alimenta el debate sobre la independencia del futuro PJF.
Sin embargo, desde el oficialismo se defiende el proceso como un paso hacia la democratización de la justicia, argumentando que se trata de abrir la elección de jueces y magistrados a votación popular y reducir la influencia de cúpulas judiciales cerradas.
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