Redacción: Inés Arroyo
El diputado Luis Alberto Chávez García ha presentado una iniciativa para modificar el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su propuesta busca reconocer la trata de personas como un delito comparable a la esclavitud, al ser una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta abril de 2024, 2,529 personas de entre 0 y 17 años han sido víctimas de trata en México, de las cuales 1,890 son mujeres y 639 son hombres. Las entidades con mayor incidencia de estos casos son la Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México.
Chávez subrayó que no existen cifras claras sobre las ganancias derivadas de la trata de personas. Sin embargo, en un foro realizado en 2021, se mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 1,410 cuentas bancarias vinculadas a actividades de trata, por un monto superior a los 144 millones de pesos.
El legislador argumenta que, debido a la magnitud de este delito, es urgente brindar mayor protección a las víctimas, especialmente a los niños y adolescentes. En este sentido, la iniciativa se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño, que insta a adoptar medidas legales y sociales para prevenir el abuso y la explotación.
La propuesta también refuerza el compromiso de México con el Protocolo de Palermo, que define la trata de personas como cualquier forma de coacción para explotar a individuos en actividades como la prostitución, el trabajo forzado y la extracción de órganos.
Con la reforma, se modificaría el Artículo 1° de la Constitución para establecer de manera explícita la prohibición de la esclavitud y la trata de personas, asegurando que cualquier persona esclavizada que ingrese al país obtendrá de inmediato su libertad y la protección de las leyes mexicanas.
La propuesta fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la de Derechos Humanos para su análisis. Si es aprobada, representaría un avance importante en la lucha contra la trata de personas en México, fortaleciendo la protección de las víctimas y sancionando con mayor rigor a los responsables de este delito.
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