Nueva reforma en México: los cambios constitucionales ya no podrán suspenderse, ¿Qué significa esto?
Redactor: Sam Torne
El 29 de octubre de 2024, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma de «Supremacía Constitucional» en una votación que dejó claro el respaldo mayoritario del partido oficialista. Con 343 votos a favor y 129 en contra, la reforma establece que los cambios a la Constitución mexicana no podrán ser impugnados a través de amparos ni acciones de inconstitucionalidad, una medida que implica cambios en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución.
Desde la perspectiva de Morena, esta reforma busca consolidar la «supremacía constitucional», garantizando que las reformas constitucionales se mantengan incólumes y evitando que se frenen decisiones legislativas que consideran en pro del país. Esta postura sostiene que el Poder Legislativo debe tener la última palabra en modificaciones constitucionales para preservar su autonomía y respetar el principio de división de poderes.
Por otro lado, la oposición, integrada por partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, argumenta que la medida atenta contra el sistema de contrapesos y puede vulnerar los derechos de los ciudadanos. Legisladores de estos partidos consideran que se limita el acceso a mecanismos judiciales fundamentales, como el amparo, debilitando la protección de los derechos humanos y restringiendo la capacidad de la Suprema Corte de Justicia para intervenir en posibles abusos constitucionales.
La controversia del Quórum
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, la oposición denunció que el quórum para la votación no estaba completo. Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, desestimó estos reclamos y continuó con la sesión, negando el uso del tablero electrónico para verificar la asistencia. Esto generó fuertes críticas por parte de la oposición, que argumentó que esta falta de quórum desacredita la validez de la votación.
El dictamen ahora será revisado por los congresos estatales, que deberán aprobar la reforma en al menos 17 de las 32 entidades para que se formalice en la Constitución. En el contexto actual, esta reforma plantea un nuevo escenario político y judicial en México, y su implementación podría modificar el equilibrio de poderes, limitando la capacidad de control judicial sobre las decisiones del Congreso.
Para muchos observadores, esta decisión abre una conversación profunda sobre el papel de la Constitución en el sistema político y los límites del poder legislativo en México.
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