¡Nueva Reforma! ¿Hasta dónde llegar para frenar la inseguridad en México?
Redacción: Inés Arroyo
El Senado de la República aprobó este miércoles, con 94 votos a favor y 34 en contra, una reforma al artículo 19 de la Constitución Mexicana que clasifica la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen fue respaldado por los senadores de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes consideran que la reforma es esencial para proteger a la población de delitos crecientes, como la extorsión y el tráfico de fentanilo. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, defendió la medida, asegurando que la prisión preventiva es una herramienta excepcional y necesaria para evitar la impunidad y proteger a las víctimas.
“Esta reforma es indispensable para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La prisión preventiva ayudará a evitar que quienes cometen estos delitos graves sigan causando daño a la sociedad”, comentó Trasviña.
Sin embargo, las fracciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se mostraron en desacuerdo. Argumentaron que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos y puede ser usada de manera arbitraria. El senador Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) señaló que, aunque su bancada apoya la figura de la prisión preventiva, debe ser aplicada con justificación, no de manera indiscriminada.
“Las fiscalías no deben tener el poder de encarcelar a cualquier ciudadano sin pruebas sólidas. No podemos permitir que se fabriquen delitos o pruebas falsas”, expresó Ramírez Acuña.
La senadora del PRI, Karla Toledo, subrayó que la prisión preventiva oficiosa va en contra del principio de justicia, ya que castiga a personas que aún no han sido declaradas culpables. Además, destacó que la medida contraviene las recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El debate también hizo énfasis en el aumento de la extorsión en el país. En 2022, más de 10,000 casos fueron reportados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La senadora Geovanna Bañuelos (PT) resaltó la importancia de reforzar las leyes para enfrentar delitos de alto impacto, como la extorsión, que siguen creciendo.
El dictamen ahora será enviado a los congresos estatales para su consideración. De ser aprobado, la reforma podría convertirse en una herramienta clave para combatir la inseguridad en México. Sin embargo, el debate sobre su impacto en los derechos humanos y la justicia penal continúa.
Con esta decisión, el Senado avanzó en la lucha contra delitos graves, pero las críticas sobre su impacto en la libertad individual persisten en el ámbito político y social.
¿Estamos dispuestos a sacrificar derechos por seguridad en México?
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