Redacción: Inés Arroyo
El Congreso de la Unión solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas al Poder Judicial, debido a graves irregularidades en los perfiles de los aspirantes. La solicitud fue realizada por los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quienes señalaron que los candidatos no cumplen con los requisitos constitucionales y éticos para acceder a estos cargos.
De las candidaturas impugnadas, 18 están vinculadas con investigaciones por delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Algunos de estos candidatos tienen órdenes de aprehensión vigentes, lo que cuestiona su idoneidad para desempeñar funciones judiciales. Además, varios de ellos trabajaron como abogados de integrantes del crimen organizado, lo que representa un claro conflicto de interés.
Por otro lado, ocho de los candidatos no cumplen con el promedio mínimo de calificación requerido para los cargos judiciales, que debe ser superior a 7.0. Esta falta de idoneidad académica también afecta su capacidad para ocupar puestos en el Poder Judicial en diversos circuitos y salas del país.
Esta impugnación ocurre en un momento clave, ya que en 2025 se elegirá a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La sociedad civil ha expresado su preocupación sobre la participación de personas vinculadas al crimen organizado y otras conductas cuestionables dentro de este proceso electoral.
Aunque el Senado había retirado anteriormente una impugnación contra el INE, el creciente clamor social por la transparencia en el proceso llevó al Congreso a realizar una nueva revisión de los perfiles. Así, se identificaron estos 26 aspirantes como no aptos para integrar el Poder Judicial.
La situación pone en evidencia la necesidad de asegurar que los aspirantes a cargos judiciales cuenten con un historial limpio y un compromiso con la justicia. A medida que avanza el proceso, la presión para garantizar la transparencia sigue en aumento.
¿Tomará el INE las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del Poder Judicial?
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