Redacción Marlone Serrano

La discusión y aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma judicial, que actualmente se encuentran en análisis en el Senado, se pospondrá hasta la próxima semana en la Cámara de Diputados, de acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. El objetivo es seguir con el proceso legislativo ordinario y evitar futuras controversias legales que puedan surgir por violación de procedimiento. 

Durante una entrevista previa a la sesión de este miércoles, Gutiérrez Luna informó que el dictamen será turnado a comisiones el próximo lunes para su análisis y posterior votación. “Queremos respetar el proceso parlamentario y que nadie pueda decir que hemos violado el reglamento”, declaró. Esto significa que, aunque el Senado envíe la minuta a la Cámara de Diputados el viernes, será hasta la siguiente semana cuando se dé luz verde para su discusión en comisiones, incluida la de Justicia. 

Evitar controversias legales 

Gutiérrez Luna subrayó la importancia de ceñirse a los plazos y procedimientos estipulados en la ley para evitar impugnaciones futuras. “Acabo de hablar con el compañero Gerardo Fernández Noroña y me comentó que ellos, en el Senado, ya votaron la iniciativa en comisiones esta madrugada, pero debemos respetar las 24 horas reglamentarias para que llegue a San Lázaro”, explicó. 

Morena apuesta por un debate ordenado 

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, afirmó que se prevé que la discusión de la minuta en comisiones inicie el lunes. “Hoy se integrarán las comisiones, incluida la de Justicia, que será la encargada de analizar el dictamen. Queremos garantizar que se haga con total transparencia y dentro de los tiempos legales para evitar cualquier interpretación que ponga en duda la validez del proceso”, señaló. 

Monreal enfatizó que Morena no tiene intención de apresurar la aprobación de las leyes reglamentarias, a pesar de la importancia que tiene la reforma judicial para el nuevo gobierno. El legislador destacó que la prioridad es evitar errores procedimentales que puedan dar pie a acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición. 

Posición de la oposición 

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han anunciado que revisarán a detalle la minuta una vez llegue a la Cámara de Diputados. Ambos partidos han advertido que presentarán recursos legales si consideran que las reformas atentan contra el principio de división de poderes o si detectan irregularidades en su proceso legislativo. 

El PRI ya presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a algunos puntos de la reforma judicial, argumentando que vulnera la independencia del Poder Judicial y favorece la injerencia del Ejecutivo. 

Contexto de la reforma judicial 

La reforma judicial es una de las propuestas prioritarias del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Busca, entre otros puntos, modificar el proceso de selección y evaluación de jueces, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial. Sin embargo, ha sido motivo de polémica y ha generado un intenso debate en el Congreso. 

Hasta el momento, la reforma ha avanzado en el Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría, pero el verdadero reto se encuentra en la Cámara de Diputados, donde los grupos parlamentarios opositores han prometido un escrutinio detallado y exhaustivo de cada disposición. 

Un proceso bajo la lupa 

Con la intención de cumplir con todos los requisitos y plazos legales, la Cámara de Diputados se prepara para recibir la minuta y discutirla con un enfoque de legalidad y transparencia. El desafío, según los legisladores de la mayoría, es aprobar una reforma que garantice la independencia judicial y fortalezca el sistema de justicia sin generar conflictos de procedimiento que puedan frenar su implementación. 

Con esta medida, el Congreso busca enviar un mensaje de institucionalidad y evitar que el proceso se vea empañado por acusaciones de irregularidades que puedan desvirtuar el contenido de la reforma judicial. 

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