Redacción: Inés Arroyo
La Corte Suprema de Brasil aprobó una mayoría para reforzar la regulación de las redes sociales, en un proceso que marca un precedente en América Latina.
Actualmente, el Marco Civil de Internet obliga a las plataformas a eliminar contenidos ilegales solo si reciben una orden judicial. Sin embargo, seis de los once jueces apoyan que las empresas tecnológicas asuman mayor responsabilidad y retiren por sí mismas publicaciones falsas o de odio. Un juez está en contra y cuatro aún no votan.
Esta decisión coincide con el juicio al expresidente Jair Bolsonaro y sus colaboradores, acusados de intentar un golpe de Estado en 2022. Según la fiscalía, usaron las redes para difundir desinformación sobre las elecciones.
El año pasado, la justicia brasileña bloqueó la red social X (antes Twitter) durante 40 días porque su dueño, Elon Musk, ignoró órdenes para eliminar cuentas vinculadas a Bolsonaro. Este conflicto generó un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la democracia.
El avance judicial en Brasil abre una pregunta clave: ¿Cómo equilibrar la vigilancia de las redes sociales con la garantía de la libertad de expresión?
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