Derechos de autor y ética tecnológica: así avanza México en la regulación de la IA
Redactor: Sam Torne
En octubre de 2024, México dio un paso clave hacia la regulación de la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de garantizar un desarrollo ético y responsable. La creación de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la IA busca proteger los derechos de los ciudadanos mientras se impulsa el crecimiento económico y tecnológico.
El Congreso presentó dos iniciativas fundamentales para regular la IA. La primera propone reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) para proteger la imagen, voz y obras de autores y artistas frente al uso no autorizado de IA. La segunda iniciativa plantea la creación de una Ley Nacional de Inteligencia Artificial, que establecería principios para el uso ético de esta tecnología, incluyendo la supervisión humana y la clasificación de riesgos.
La iniciativa de la LFDA, liderada por la diputada Margarita García García, aborda un problema crítico en la era digital: la capacidad de la IA para replicar y manipular contenido. Esta propuesta busca que los autores mantengan control sobre sus obras y que cualquier uso no autorizado sea considerado una infracción. En un entorno donde la IA puede generar contenido en segundos, estas medidas brindan seguridad jurídica a los creadores.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó la propuesta para una Ley Nacional de IA, que busca regular la tecnología con un enfoque ético. La ley propone la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, organismos que supervisarían el desarrollo y aplicación de la IA en México. También establece un sistema de clasificación de riesgos, limitando el uso de IA en áreas sensibles como la seguridad pública y la privacidad de datos.
Estas iniciativas posicionan a México como un pionero en la regulación de la IA en América Latina. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, establecer un marco ético puede ser una ventaja competitiva. Al equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de derechos fundamentales, México no solo impulsa su economía, sino que también asegura un crecimiento tecnológico inclusivo y respetuoso.
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