Redactor: Sam Torne
Esta semana, el Congreso de Jalisco decidirá si aprueba una iniciativa ciudadana que busca garantizar la independencia del Poder Judicial y mejorar la transparencia en la selección de jueces y magistrados. La propuesta, respaldada por el gobernador Pablo Lemus, pretende perfeccionar los mecanismos establecidos en la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión en septiembre pasado.
De acuerdo con la reforma constitucional federal, los estados tienen hasta el 18 de marzo para homologar sus leyes y establecer su propio sistema de selección de jueces. En respuesta, el 25 de febrero, Lemus presentó esta iniciativa basada en las demandas de organizaciones de la sociedad civil, que buscan fortalecer los criterios de selección y garantizar la independencia judicial.
La clave del dictamen: mayor control y selección basada en méritos
El dictamen será discutido el 14 de marzo y requiere 25 votos para su aprobación. Aunque Movimiento Ciudadano es la bancada mayoritaria con 11 diputados, será necesario el apoyo de otras fuerzas políticas.
Según Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, la iniciativa propone la creación de tres comités de evaluación independientes, encargados de analizar los perfiles de los candidatos en función de sus conocimientos, trayectoria profesional e integridad. Además, se impulsará la creación de una Sala Constitucional que atienda juicios de protección de derechos humanos, un elemento ausente en la reforma federal.
Un poder judicial libre de corrupción
Juan Pablo Campos, de la Fundación Konrad Adenauer, indicó que uno de los problemas principales del Poder Judicial en Jalisco es la percepción de corrupción y la falta de independencia. Para abordar esto, la iniciativa introduce el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), basado en el modelo federal, pero con ajustes que impiden el uso de este órgano como un instrumento de persecución política. En Jalisco, el TDJ contará con mecanismos de asignación aleatoria de casos para evitar influencias externas.
Mecanismos de elección y control
Para garantizar una selección basada en méritos, la iniciativa establece un proceso de evaluación riguroso:
- Convocatoria pública: todos los aspirantes que cumplan los requisitos podrán postularse.
- Curso de certificación: impartido por la Escuela de Formación Judicial con apoyo de universidades reconocidas.
- Examen teórico-práctico: evaluación objetiva con una calificación mínima aprobatoria de 8.
- Examen práctico de resolución de casos: para evaluar la capacidad de argumentación y aplicación del derecho.
- Evaluación curricular y de integridad: se verificará la trayectoria profesional y la buena reputación de los aspirantes.
- Entrevistas públicas: donde la ciudadanía podrá participar activamente.
- Evaluaciones psicológicas y psicométricas: para garantizar el equilibrio emocional de los jueces.
Además, la iniciativa promueve la publicidad total del proceso, permitiendo la presencia de observadores académicos en los exámenes y entrevistas.
Un paso hacia la democratización de la justicia
La iniciativa también busca evitar la infiltración de intereses políticos y del crimen organizado en la elección de jueces. Para ello, se eliminará el período de precampaña y se prohibirá a los candidatos pronunciarse sobre temas ajenos al Poder Judicial.
En caso de ser aprobada, la reforma abriría la puerta a modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los procedimientos electorales, permitiendo un mejor control sobre el financiamiento de las candidaturas.
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