Redactor: Sam Torne
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una «entrega inmediata» de agua a los agricultores de Texas, en respuesta directa a las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a México de violar el Tratado de Aguas de 1944. El tratado obliga a México a enviar 1.75 millones de acres-pie de agua al territorio estadounidense cada cinco años a través del sistema del Río Bravo, también conocido como Río Grande en Estados Unidos.
En su tradicional conferencia matutina el pasado 11 de abril, Sheinbaum declaró que se realizarán entregas extraordinarias en función de la disponibilidad hídrica actual. Según explicó, esta decisión busca evitar una escalada diplomática con Estados Unidos y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales, aunque aclaró que el cumplimiento total dependerá de las condiciones climáticas de la región fronteriza.
La postura de Trump: sanciones y presión política
Un día antes, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social donde señaló que México «le debe a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua» y que, si no se respeta el acuerdo, se aplicarán «aranceles y sanciones». Estas declaraciones reactivaron la tensión en torno a la gestión del agua en la región, un tema sensible tanto por su carga económica como política.
Además, Trump apuntó que su administración, en caso de volver al poder, intensificará las medidas para obligar a México a cumplir el tratado, en lo que parece un intento por ganar el apoyo del voto agrícola texano, clave para las elecciones de 2026. En este contexto, también se mencionó que la Secretaría de Agricultura estadounidense, encabezada por Brooke Rollins, está «defendiendo a los agricultores» desde una postura más dura.
La escasez de agua y el cambio climático
México ha justificado el retraso en el cumplimiento del tratado alegando una sequía severa que ha reducido drásticamente los niveles de agua en presas clave como La Amistad y El Cuchillo. Las autoridades mexicanas insisten en que el tratado contempla mecanismos de indulgencia en caso de condiciones climáticas extremas, lo que permitiría diferir parte de la deuda hídrica al siguiente ciclo quinquenal.
Organismos binacionales como la Comisión Internacional de Límites y Aguas han reconocido que la sequía ha tenido un impacto real en la capacidad de México para cumplir con lo acordado. Sin embargo, también señalan la necesidad de acelerar acuerdos de gestión y obras de infraestructura que mejoren la eficiencia del uso del recurso.
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