Redactor: Sam Torne
La construcción del tren Ímuris-Nogales, uno de los megaproyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta ahora un proceso de escrutinio internacional. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) recomendó abrir un expediente de hechos para investigar si México ha cumplido las leyes ambientales en esta obra ferroviaria estratégica.
El Secretariado de la CCA concluyó que existen indicios de posibles irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) del proyecto. En particular, se cuestiona si se respetaron los tiempos y métodos exigidos por la legislación, y si se garantizó la protección de predios certificados como áreas naturales protegidas.
Además, se detectaron problemas de acceso público a la información ambiental durante las fases iniciales del proyecto, limitando así el derecho ciudadano a conocer y opinar sobre las posibles afectaciones.
«El Tratado no autoriza al Secretariado a dar por terminada una petición con base en consideraciones económicas o de infraestructura», advirtió la CCA en su notificación oficial, descartando los argumentos del gobierno mexicano que destacan el beneficio comercial de la obra.
Áreas naturales en riesgo y cuestionamientos sobre transparencia
La petición presentada por organizaciones ambientalistas de México y Estados Unidos señala que la obra podría fragmentar el corredor biológico Sierra Azul-El Pinito, afectando hábitats de especies como el oso negro, el jaguar, y la tortuga pecho quebrado de Sonora.
En respuesta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que se tomaron medidas de mitigación y que algunas certificaciones de conservación ya habían sido canceladas. Sin embargo, la CCA encontró inconsistencias: algunas de esas áreas aún figuraban como protegidas en registros oficiales al momento de iniciar la obra.
El Secretariado también evidenció que el gobierno mexicano no explicó adecuadamente los factores ambientales considerados ni demostró cómo se implementaron las medidas compensatorias. Además, señaló la falta de transparencia en torno al trazo del proyecto, cuya información fue clasificada como confidencial en etapas clave de su desarrollo.
Próximos pasos: ¿Se abrirá el expediente?
Ahora, corresponde al Consejo de la CCA decidir si procede formalmente la elaboración del expediente de hechos. Para ello, al menos dos de sus tres miembros —México, Estados Unidos o Canadá— deben aprobar la solicitud, conforme a lo establecido en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El caso representa una prueba importante para la credibilidad del compromiso ambiental de México frente a sus socios comerciales y ante la sociedad.
19 Total Count
