Redacción: Inés Arroyo
La política migratoria de Donald Trump ha reconfigurado profundamente la migración en América Latina, generando incertidumbre y vulnerabilidad para millones de personas. Con el objetivo de controlar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, la administración Trump implementó medidas que afectaron tanto a migrantes como a los países de origen y tránsito en la región.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha obligado a los gobiernos latinoamericanos a firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, una solución pragmática pero que ha aumentado los riesgos para los migrantes. Estos acuerdos, lejos de ofrecer protección, han sometido a muchos a un limbo jurídico, exponiéndolos a deportaciones y otras vulneraciones de sus derechos.
Según Diego Chaves-González, director del programa para América Latina del Instituto de Política Migratoria (MPI), hasta abril de 2025, Trump había emitido 175 órdenes ejecutivas que afectaron directamente a los migrantes. Entre las medidas más impactantes se encuentra la suspensión de programas de regularización para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dejándolos sin opciones claras para regularizar su estatus migratorio en EE.UU. Los nicaragüenses, en particular, se enfrentan a la falta de programas de protección temporal, lo que los coloca en una situación extremadamente precaria.
Una de las medidas más controvertidas fue el cierre de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes solicitar asilo en EE.UU. Este cierre ha dejado a miles de centroamericanos sin una vía clara de entrada al país, empeorando aún más su situación. Además, el gobierno de Trump se ha centrado en las deportaciones dentro de EE.UU., creando un ambiente de pánico en las comunidades migrantes y afectando incluso el comercio y la asistencia escolar en áreas con alta concentración de inmigrantes.
Por otro lado, América Latina ha tenido que negociar acuerdos bilaterales con EE.UU. para mantener sus propios intereses políticos y económicos. Países como Guatemala, El Salvador y Honduras han aceptado recibir a refugiados y deportados, lo que convierte la migración en un tema de negociación política. Sin embargo, estos acuerdos no solucionan el problema de fondo y pueden agravar las tensiones y desigualdades en los países involucrados.
La reducción de fondos para programas humanitarios, como los de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), ha limitado las opciones de apoyo a los migrantes en la región. Esto ha cerrado las puertas a la asistencia básica para miles de personas, dejándolas más expuestas a la irregularidad migratoria y a situaciones de riesgo.
La situación migratoria en América Latina y su relación con las políticas de Trump presentan un desafío para los migrantes y para los gobiernos de la región. A pesar de las soluciones inmediatas que se han intentado implementar, los efectos de estas políticas a largo plazo siguen siendo inciertos y podrían empeorar las condiciones de vida de los migrantes, generando nuevas crisis humanitarias.
44 Total Count
