Redactor: Sam Torne
El 17 de diciembre de 2024, trabajadores sindicalizados del gobierno de Colima, encabezados por Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), irrumpieron en el Congreso estatal en protesta por la supuesta deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sus aguinaldos.
Durante la manifestación, los sindicalizados tomaron la tribuna y causaron daños materiales, incluyendo la ruptura de una puerta en la sala de juntas del recinto legislativo. La situación escaló al punto de que algunos diputados tuvieron que evacuar el edificio en patrullas de la Policía Estatal Preventiva para garantizar su seguridad.
Motivo de la protesta
Los manifestantes alegan que los legisladores realizaron modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado para aplicar deducciones del ISR a sus aguinaldos y otras prestaciones laborales. Sin embargo, el gobierno estatal ha declarado que el pago del aguinaldo se realizará bajo las mismas bases de cálculo y retenciones que en años anteriores, sin nuevas deducciones. Se ha anunciado que la dispersión de estos recursos se llevará a cabo el jueves 19 de diciembre.
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Colima condenó los actos vandálicos, calificándolos como una violación al recinto legislativo y un riesgo para la integridad de los trabajadores del poder legislativo. Asimismo, reiteraron que los aguinaldos se pagarán el 18 de diciembre, cumpliendo con la ley y sin nuevas deducciones, e instaron a los trabajadores a mantenerse informados a través de canales oficiales.
Contexto adicional
Es importante señalar que, según Martín Flores Castañeda, desde 2016 se grava el aguinaldo de los trabajadores del estado por disposición del gobierno federal, aunque el artículo 67 de la ley local establece que dicha prestación está libre de gravamen. Flores Castañeda ha propuesto que, una vez que la Federación bonifique el recurso al gobierno de Colima, este sea reintegrado en su totalidad a los trabajadores para cumplir con la normativa local.
Tras los disturbios, los legisladores se vieron obligados a continuar la sesión en un recinto privado para garantizar su seguridad y la continuidad de las actividades legislativas. Las autoridades han hecho un llamado al diálogo y a la resolución pacífica de conflictos, enfatizando la importancia de respetar las instituciones y los procesos legales establecidos.
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