Un paso crucial hacia una sociedad más saludable y segura
Redactor: Sam Torne
Con un voto mayoritario de 410 a favor y 24 en contra, la Cámara de Diputados de México avanzó en una reforma histórica para combatir los riesgos de salud asociados a los vapeadores y el fentanilo. Esta modificación a los artículos 4 y 5 de la Constitución prohíbe la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, además de sustancias sintéticas como el fentanilo, utilizadas ampliamente en el tráfico de drogas.
La diputada Adriana Bustamante (Morena) subrayó que los vapeadores, populares entre adolescentes, son una puerta de entrada al tabaquismo y otros problemas de salud. Además, señaló el impacto ambiental de estos dispositivos por su desecho electrónico. Según datos oficiales, más de 500,000 adolescentes en México utilizan vapeadores regularmente, un hecho que pone en riesgo la salud pública y exige medidas urgentes.
Posiciones encontradas en el Congreso
El dictamen no estuvo exento de críticas. Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo vaporizando en la tribuna, acusando al gobierno de limitar libertades personales en lugar de implementar políticas de prevención más integrales. Por otro lado, Cynthia López Castro (PRI) destacó que prohibir no elimina el problema, sino que fomenta el mercado negro. Insistió en que es necesario regular el uso de estos dispositivos y no depender únicamente de prohibiciones constitucionales.
El Partido Acción Nacional (PAN) coincidió en que la reforma no aborda de manera completa la raíz del problema, particularmente en el caso del fentanilo, cuyo tráfico ilegal se ha convertido en una crisis de seguridad nacional. Este opioide sintético, que genera miles de muertes anualmente, también alimenta redes delictivas que desestabilizan comunidades y aumentan la violencia en el país.
Hacia un marco más amplio de acción
La prohibición aprobada en la Cámara busca no solo proteger a la población del daño inmediato que generan estas sustancias, sino también enviar un mensaje de cooperación internacional, especialmente a Estados Unidos, donde la epidemia de opioides ha alcanzado niveles alarmantes. Sin embargo, los críticos de la medida advierten que, sin programas educativos y estrategias para combatir la adicción, estas acciones podrían ser insuficientes o incluso contraproducentes.
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