Redacción Marlone Serrano

Sheinbaum delegó a Segob el diálogo con la Corte. 

En tono firme y directo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro esta mañana que no se reunirá con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir la reforma judicial impulsada por su gobierno. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que esta tarea corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Luisa María Alcalde, quien será la encargada de mantener el diálogo con otros poderes y velar por la gobernabilidad del país. 

“Ya hay una reforma constitucional” 

Sheinbaum aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los ministros de la SCJN a aceptar que la reforma judicial ya es una realidad constitucional, y recalcó que no habrá marcha atrás en la implementación de la nueva normativa, que modifica el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, estableciendo un mecanismo de elección popular. 

“No me voy a reunir con la Corte porque la Secretaría de Gobernación tiene esta atribución, y será quien aborde cualquier asunto de gobernabilidad relacionado con el Poder Judicial”, precisó Sheinbaum, al tiempo que defendió la legitimidad de la reforma aprobada por el Congreso. La mandataria subrayó que, aunque algunos actores políticos han intentado frenar la reforma mediante recursos legales, la administración federal se mantendrá firme en su 

Críticas a las acciones de la SCJN 

Sheinbaum también expresó su inconformidad con la aceptación de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la SCJN, las cuales buscan frenar la reforma judicial. Según la presidenta, estos partidos no tienen atribución para interponer estos recursos, salvo en casos específicos de índole electoral, y agregó que la Corte debería haberlos rechazado desde un principio. 

“Los partidos no tienen personalidad jurídica para presentar estos recursos, excepto en situaciones contadas electorales. Si hubiera sido el 33% de una Cámara de Diputados, entonces sí tendrían facultades, pero en este caso no lo es”, señaló Sheinbaum, reiterando que la postura de la SCJN es contradictoria con su propia interpretación de la ley. 

Defensa de la elección popular de jueces 

La presidenta recordó que, durante la discusión de la reforma, se cuestionó que el nuevo modelo de selección de jueces y ministros podía dar pie a la “partidización” del Poder Judicial. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que su gobierno ha establecido mecanismos para evitar la influencia de los partidos políticos en estos procesos, y aseguró que la elección de jueces será “una decisión directa del pueblo”, con listas de candidatos aprobados mediante convocatoria pública. 

“Nosotros dijimos desde un inicio que los partidos políticos no tendrían ningún papel en esta elección. Va a ser la gente quien decide, sin intermediarios, y vamos a garantizar la total transparencia y participación ciudadana”, explicó la presidenta, buscando despejar dudas sobre la neutralidad del proceso. 

El papel de la Secretaría de Gobernación 

Con esta declaración, Sheinbaum reafirma la relevancia de la Secretaría de Gobernación como interlocutora principal entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes de la nación. La mandataria confía en que Luisa María Alcalde conducirá las negociaciones y resolverá las diferencias que puedan surgir con la SCJN en torno a la implementación de la reforma judicial. 

Un proceso bajo constante escrutinio 

La reforma judicial ha sido uno de los proyectos más polémicos del nuevo gobierno, generando divisiones tanto en el Congreso como en la sociedad. A medida que avanza su implementación, las diferencias entre la administración federal y el Poder Judicial se han profundizado, con varios jueces y magistrados expresando preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial bajo el nuevo esquema. 

Con su postura, Claudia Sheinbaum busca dejar en claro que su gobierno no cederá ante las presiones y continuará con la transformación del sistema judicial, a pesar de los retos legales y políticos que enfrenta. La expectativa ahora se centra en cómo la Suprema Corte responderá a este llamado y en cuál será el papel de la Secretaría de Gobernación en la resolución de este conflicto constitucional. 

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