Redactor: Sam Torne
La Fiscalía General de la República (FGR) ha reabierto una investigación sobre un presunto desfalco en SuperISSSTE, detectado inicialmente en 2017, que habría causado un daño al erario de aproximadamente 61 millones de pesos. La indagatoria se basa en la auditoría 260-DS realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual identificó irregularidades en la adquisición de productos por parte del ISSSTE a través de SuperISSSTE. Según la ASF, se simularon compras de diversos artículos que no fueron entregados, generando un perjuicio económico significativo.
En 2015, SuperISSSTE enfrentó una crisis financiera que llevó al cierre de 224 tiendas y farmacias debido a insolvencia y a la decisión de la Secretaría de Hacienda de no continuar financiando su rescate. Esta medida redujo drásticamente la presencia de SuperISSSTE en el país y afectó su capacidad operativa.
La ASF ha señalado que más del 80% de los ingresos de SuperISSSTE provienen de operaciones irregulares, utilizando a la institución como intermediaria para que empresas privadas evadan normas de adquisiciones gubernamentales. Esta práctica ha contribuido a la pérdida de confianza en la gestión de SuperISSSTE y ha motivado acciones legales para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La FGR continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los exfuncionarios implicados y recuperar los recursos públicos desviados. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas para prevenir actos de corrupción y proteger el patrimonio del Estado.
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