Redactor: Sam Torne
En una acción que ha generado intensas reacciones en el ámbito jurídico y político, el Gobierno de México transfirió más de 10 mil 248 millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) a la Tesorería de la Federación. La operación fue ejecutada por Nacional Financiera (Nafin), bajo instrucción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin previo aviso ni consulta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo titular de dichos recursos.
La transferencia se realizó el 10 de abril, y afectó a cuatro fideicomisos: el de pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, el de mantenimiento de casas habitación de magistrados, el de apoyos médicos y económicos extraordinarios, y el destinado al desarrollo de infraestructura judicial. Estos fondos, según lo dispuesto en la más reciente reforma al Poder Judicial, debían servir para cubrir pagos extraordinarios a jueces que declinen su candidatura o no resulten electos en los próximos comicios judiciales.
El Consejo de la Judicatura no fue notificado
El CJF reaccionó con firmeza ante la maniobra. A través de un comunicado oficial, el Consejo indicó que no fue consultado ni instruyó a Nafin a realizar dicha transferencia, como lo exige el contrato fiduciario. Aclaró además que los fondos se encontraban protegidos por suspensiones judiciales y anunció que emprenderá acciones legales para salvaguardar su autonomía presupuestaria y administrativa.
La reacción institucional apunta a una controversia constitucional en puerta, en la que podrían involucrarse tanto la Suprema Corte como el Congreso. Voces críticas advierten que el Ejecutivo ha excedido sus facultades al intervenir recursos de otro poder sin su consentimiento ni resolución judicial definitiva.
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