Redactor: Sam Torne
En los últimos tres años, el sistema judicial mexicano ha sido objeto de escrutinio debido a la liberación de 72 líderes e integrantes de organizaciones criminales. Estas liberaciones, que incluyen sentencias absolutorias, libertades provisionales y cambios de medidas cautelares, han generado preocupación sobre la eficacia y transparencia del Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos graves.
Entre enero de 2022 y enero de 2025, diversos jueces han otorgado la libertad a individuos procesados por delitos como narcotráfico, secuestro y tortura. Casos destacados incluyen a Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín «El Chapo» Guzmán, liberado anticipadamente en abril de 2022, y Javier Adrián Salazar Ortiz, alias «El Barbas», líder regional de Los Zetas, absuelto en febrero de 2024. Estas decisiones han suscitado debates sobre posibles irregularidades y corrupción dentro del sistema judicial.
En respuesta a la posibilidad de que jueces federales liberaran a capos del narcotráfico, el gobierno mexicano implementó una estrategia sin precedentes: la extradición de 29 líderes criminales a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Entre los extraditados se encuentran figuras como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Miguel Ángel Treviño Morales, alias «El Z-40», exlíder de Los Zetas. Esta medida busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y garantizar que estos individuos enfrenten la justicia en jurisdicciones con sistemas judiciales más robustos.
La extradición acelerada de estos 29 narcotraficantes ha generado debates sobre la legalidad del proceso. Expertos señalan que se pudieron haber omitido procedimientos legales establecidos, lo que podría vulnerar derechos fundamentales de los extraditados. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre supuestos acuerdos entre jueces y narcotraficantes para retrasar extradiciones, instándolo a presentar pruebas concretas.
La liberación de líderes criminales y las posteriores extradiciones reflejan desafíos significativos en el sistema de justicia mexicano. La percepción de corrupción y la falta de confianza en las instituciones judiciales pueden debilitar el estado de derecho y fomentar la impunidad. Además, la extradición de figuras clave del narcotráfico podría desestabilizar temporalmente a las organizaciones criminales, pero también podría provocar luchas internas por el poder y un aumento de la violencia en ciertas regiones.
30 Total Count
