Redactor: Sam Torne
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por una ajustada votación de cinco contra cuatro, que se pueden aplicar sanciones penales más severas a quienes utilicen inteligencia artificial (IA) para cometer delitos. La decisión confirma la validez de una reforma al Código Penal de Quintana Roo, aprobada en abril de 2024, que introduce el uso de IA como agravante general para incrementar las penas hasta en un 50 %.
El artículo 20 Bis de dicho código establece que cualquier acto delictivo facilitado o potenciado mediante herramientas de IA será castigado con mayor severidad, independientemente del delito cometido.
Debate sobre la constitucionalidad
La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó un proyecto que buscaba anular la reforma, argumentando que la norma violaba los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal. Según su análisis, la definición de «inteligencia artificial» en la ley carece de la claridad y precisión necesarias para que tanto los ciudadanos como los operadores del derecho comprendan exactamente qué conductas estarían alcanzadas.
Ortiz advirtió que esta vaguedad genera incertidumbre jurídica, ya que no queda claro en qué situaciones específicas el uso de la IA agrava un delito, lo que podría vulnerar los derechos fundamentales de los acusados.
Votación dividida y argumentos encontrados
Los ministros que respaldaron la reforma consideraron que, aunque el concepto de IA es amplio, su inclusión como agravante responde a un contexto actual en el que las tecnologías emergentes representan riesgos reales en la comisión de delitos como fraudes, suplantación de identidad, difusión de información falsa y manipulación de sistemas automatizados.
Para ellos, la medida fortalece la respuesta del derecho penal frente a las nuevas amenazas tecnológicas, siempre que los jueces interpreten el concepto de manera razonable y apegada a los principios constitucionales.
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