Redacción Marlone Serrano
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, ante posibles deportaciones masivas derivadas del retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero próximo, México garantizará apoyo a los connacionales, pero solicitó que los migrantes de otras nacionalidades sean enviados a sus países de origen.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó que el gobierno federal está preparado para brindar asistencia legal a las y los mexicanos a través de los consulados en Estados Unidos, asegurando que “no los vamos a dejar solos en ningún momento”.
“México es un país solidario y generoso con todas las nacionalidades, pero en caso de darse deportaciones, pedimos que los migrantes de otras naciones sean repatriados a sus lugares de origen. Solicitamos los recursos necesarios para garantizar una repatriación digna y justa”, expresó la mandataria.
Preocupación por las políticas migratorias de Trump
Las declaraciones de Sheinbaum surgen en un contexto de incertidumbre por las políticas migratorias que podría implementar Trump, quien ha señalado su intención de endurecer las medidas contra migrantes indocumentados. Ante esta situación, el gobierno mexicano refuerza sus estrategias para proteger a sus ciudadanos en el exterior.
Además, Sheinbaum hizo un llamado a la comunidad internacional para coordinar esfuerzos que garanticen procesos humanitarios en el manejo de deportaciones.
La postura de México subraya un equilibrio entre solidaridad regional y la necesidad de atender la crisis migratoria desde un enfoque multilateral, buscando evitar una presión excesiva sobre su territorio.
Un reto para la región
La migración sigue siendo uno de los temas más complejos para México, un país que funge como puente entre Centroamérica y Estados Unidos. Mientras las fronteras norte y sur enfrentan desafíos crecientes, el gobierno mexicano apuesta por medidas que prioricen la seguridad y dignidad de todos los migrantes, sin dejar de proteger a su propia población.
Sheinbaum concluyó reiterando el compromiso de su administración con los derechos humanos y la búsqueda de soluciones que involucren a todas las naciones implicadas.
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