Redacción: Enrique Hernández
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó este jueves 11 de abril un contundente ultimátum a Grupo Proyecta, desarrolladora inmobiliaria de Lomas de Angelópolis, para que done al menos dos hectáreas de terreno destinadas a viviendas para policías estatales. De no cumplir con esta petición en un plazo de 30 días, Armenta advirtió que se iniciará un proceso de expropiación por el doble de la superficie solicitada: es decir, cuatro hectáreas.
“Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo”, declaró desde el Centro Expositor en su rueda de prensa matutina.
¿Dónde se ubican los terrenos?
El terreno exigido está dentro de Santa Clara Ocoyucan y la reserva territorial Atlixcáyotl, una de las zonas de mayor plusvalía y exclusividad en el estado de Puebla. Armenta subrayó que esta no es una medida punitiva, sino una estrategia de justicia social para ofrecer condiciones de vida dignas a los cuerpos de seguridad.
“No es para que me den a mí, es para hacer un lugar digno para quienes nos cuidan”, expresó.
Viviendas para 10 mil policías
Además de la solicitud a Grupo Proyecta, Armenta extendió el llamado a la familia Haghenbeck, propietarios del fraccionamiento Haras del Bosque, para donar hectáreas adicionales con el mismo objetivo: albergar al menos a 10 mil elementos de la Policía Estatal en desarrollos habitacionales funcionales y seguros.
Presiones sobre un gigante inmobiliario
Grupo Proyecta, fundado en 2002 por los hermanos Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto, ha sido una de las desarrolladoras más influyentes de la zona metropolitana de Puebla. Actualmente, Grupo México controla más del 60% de las acciones de Lomas de Angelópolis, mientras que el resto está en manos de los fundadores y del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.
La empresa ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades legales, incluyendo el uso de escrituras apócrifas y beneficios derivados de su cercanía con el poder político y económico local.
¿Una nueva política de uso social del suelo?
Con esta acción, Armenta marca un precedente en la relación entre el gobierno estatal y las desarrolladoras de alto perfil, al plantear el uso del suelo como un bien social, no exclusivo del capital privado. La medida ha generado opiniones divididas: algunos la consideran un acto de justicia redistributiva; otros, una intervención excesiva del estado en el mercado inmobiliario
42 Total Count
