Redactor: Sam Torne
México podría estar a punto de transformar de manera profunda su marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea cambios significativos en el modelo de regulación, el acceso a servicios y la administración del espectro radioeléctrico. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia desde su presentación, principalmente por los riesgos de concentración de poder estatal y por posibles conflictos con acuerdos internacionales como el T-MEC.
¿Qué propone el nuevo marco legal?
El proyecto de ley, de más de 300 artículos, surge tras la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta nueva entidad tendría amplias facultades regulatorias, aunque sin funciones de competencia económica, algo que preocupaba al sector privado y a expertos en derechos digitales.
En materia de radiodifusión, la ley propone:
- Permitir a radios comunitarias, sociales, indígenas y afromexicanas comercializar publicidad local limitada a 40 segundos por hora.
- Reservar bloques de espectro en AM y FM para estas emisoras alternativas.
- Obligar a estas radios a reportar de forma detallada su gobernanza interna para evitar fraudes en concesiones sociales.
- Ampliar los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión hasta 30 minutos por hora, administrados por la Secretaría de Gobernación.
- Prohibir a medios locales transmitir campañas políticas extranjeras, salvo excepciones culturales o turísticas.
En telecomunicaciones, las principales novedades incluyen:
- Autorizar al Estado a operar directamente servicios móviles usando espectro reservado para seguridad nacional sin pagar contraprestaciones.
- Impulsar la licitación de espectro para redes 5G con criterios de cobertura social y precios accesibles, no solo por recaudación económica.
- Confirmar el principio de Neutralidad de la Red como obligatorio para todos los concesionarios.
- Bloquear contenidos de plataformas digitales que transmitan campañas políticas de gobiernos extranjeros sin autorización.
¿Por qué es polémico?
Críticos del proyecto alertan que el modelo propuesto convierte al Estado en juez y parte del mercado de telecomunicaciones, lo que podría afectar la competencia y vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Además, persiste el riesgo de violaciones al T-MEC, que exige condiciones regulatorias independientes y transparentes en sectores estratégicos como telecomunicaciones.
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