Redactor: Sam Torne
En un giro inesperado, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, reconoció públicamente que algunos candidatos al Poder Judicial tienen vínculos con el crimen organizado. Durante una entrevista en el Senado, el legislador de Morena admitió que los filtros de selección fallaron, permitiendo la inclusión de defensores de narcotraficantes en las listas de aspirantes.
«Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad», afirmó Noroña. El senador también señaló que algunos jueces que han liberado a narcotraficantes con una conducta sistemática han sido aprobados como candidatos, lo cual considera inaceptable.
Llamado a la intervención del INE y el Tribunal Electoral
Ante esta situación, Fernández Noroña instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a retirar las candidaturas de aquellos que no cumplen con los requisitos constitucionales, enfatizando que no se debe esperar hasta después de las elecciones para tomar medidas. Además, indicó que será el Tribunal Electoral quien determine el fondo del asunto en los casos que se presenten.
«Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral», resaltó el senador.
Casos específicos y preocupaciones adicionales
La organización Defensorxs ha identificado a varios candidatos con antecedentes cuestionables. Entre ellos se encuentran Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z40’, y Eleazar Medina Rojas, ‘El Chelelo’, ambos supuestos miembros del crimen organizado. También se mencionan casos como el de Jesús Humberto Padilla Briones, procesado por portación de armas y narcóticos, y Andrés Montoya García, vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Además, se ha señalado a Francisco Martín Hernández Zaragoza por actos de corrupción, lavado de dinero y denuncias de abuso y acoso sexual. Estos casos han generado preocupación sobre la integridad del proceso de selección y la necesidad de reforzar los filtros para garantizar la probidad de los candidatos.
Debate sobre la responsabilidad institucional
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondió a las declaraciones de Noroña, señalando que la revisión de los perfiles corresponde a los comités de evaluación del Senado y que el INE actúa conforme a la normativa establecida. Taddei enfatizó que no se trata de preferencias personales, sino de la aplicación de la ley.
«La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación», explicó Taddei.
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