Redacción: Inés Arroyo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que una corte civil en Miami dictó una sentencia final contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La multa asciende a 749 millones de dólares para García Luna y más de 1,740 millones para su esposa. Esta sanción es tres veces mayor al monto originalmente demandado por el gobierno mexicano, que ascendía a 745.9 millones de dólares.
El caso surgió por un esquema en el que empresas ligadas a García Luna recibieron pagos millonarios del gobierno mexicano. Estos recursos se movieron a través de compañías ubicadas en paraísos fiscales y se lavaron mediante transferencias internacionales y compra de bienes inmuebles en Estados Unidos.
Hasta ahora, el gobierno ha recuperado poco más de 2.8 millones de dólares, menos del 0.5% del dinero presuntamente desviado. La UIF aclaró que continuará con la búsqueda y recuperación de bienes vinculados a los acusados, incluso si están registrados a nombre de terceros.
Entre los bienes recuperados se encuentra un inmueble valorado en 555 mil dólares y casi 2 millones en efectivo relacionados con una empresa propiedad de la pareja. Sin embargo, no se han encontrado otros activos a nombre de García Luna, su esposa o sus empresas.
La investigación identificó a ocho personas y 44 empresas en varios países involucradas en la red. En México, se detectaron 16 empresas receptoras de esos recursos, algunas catalogadas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria.
Con esta sentencia, el gobierno mexicano avanza en la recuperación de recursos y en la lucha contra la corrupción ligada a la administración de Felipe Calderón.
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