Redactor: Sam Torne
El lunes 27 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación presentaron su renuncia inmediata e irrevocable, alegando una “imposibilidad jurídica” para continuar con el proceso de selección de candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio. Esta decisión profundiza la crisis institucional que enfrenta el sistema judicial mexicano.
Los miembros del Comité, entre ellos las magistradas Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente, así como la doctora Mónica González Contró, señalaron en su misiva que, aunque aceptaron el cargo con la convicción de contribuir a un proceso transparente y profesional, ahora consideran “inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”.
Esta renuncia se produce en medio de tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial, exacerbadas por resoluciones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El TEPJF había ordenado al Comité reanudar sus actividades de selección, pero ante su inacción, instruyó al Senado de la República a asumir dichas funciones mediante un proceso de insaculación (tómbola) para elegir a los aspirantes.
La decisión del TEPJF de delegar en el Senado la selección de candidatos ha generado controversia. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el 4 de febrero se realizará un sorteo público para elegir al azar a los candidatos que aparecerán en las boletas, supervisado por notarios públicos para garantizar la transparencia.
Además, el Tribunal estableció que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueba las listas resultantes del sorteo, el Senado podrá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas del Poder Judicial.
La renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación marca un punto crítico en la implementación de la reforma judicial. Mientras que el Comité fue creado para garantizar un proceso de selección basado en méritos y criterios objetivos, la decisión de delegar la tarea al Senado a través de un mecanismo de sorteo ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y calidad del proceso.
La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, criticó la renuncia de los integrantes del Comité, señalando que este organismo generó desconfianza desde su inicio.
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