Redacción: Guicel Garrido
Un juez federal de distrito de EE.UU. declaró que el gobierno de Donald Trump actuó con desacato penal al tribunal, al desobedecer una orden judicial de devolver aviones que transportaban deportados a El Salvador. El juez advirtió que podría iniciar un proceso penal contra algunos funcionarios, intensificando el enfrentamiento entre la rama judicial y ejecutiva sobre los poderes presidenciales.
El juez Boasberg acusó a los funcionarios de apresurar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, impidiendo que los deportados impugnaran su expulsión, y de desobedecer intencionalmente la orden de devolver los aviones. El gobierno anunció que apelará la decisión, argumentando que el presidente está comprometido con la seguridad nacional.
Este caso se suma a una serie de conflictos legales entre la Casa Blanca y los tribunales federales, donde funcionarios gubernamentales han criticado a los jueces por limitar las acciones del presidente. Trump y sus aliados incluso han pedido la destitución del juez Boasberg, lo que provocó una respuesta del presidente de la Corte Suprema, defendiendo la independencia judicial.
El juez Boasberg dio al gobierno hasta el 23 de abril para remediar la violación o identificar a los responsables de la decisión de no devolver los aviones. En otro caso similar, el gobierno reconoció haber deportado por error a un individuo a El Salvador y se niega a devolverlo a pesar de una orden judicial, lo que podría resultar en otro proceso por desacato.
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