Redacción: Guicel Garrido
Un juez federal ha otorgado una suspensión definitiva que frena temporalmente la aplicación de un conjunto de leyes y decretos que, según la organización “ARTICLE 19”, crean un sistema de vigilancia masiva en México.
La decisión, tomada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Martínez Cruz, el pasado 19 de septiembre, protege temporalmente derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión mientras se resuelve el juicio de amparo 1466/2025. La medida obliga a las autoridades a abstenerse de aplicar artículos de leyes clave, incluyendo reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.
La suspensión se considera un paso crucial para evitar daños graves y de difícil reparación a los derechos humanos, ya que, una vez aplicadas, las medidas de vigilancia serían casi imposibles de revertir. ARTICLE 19 ha señalado que estas normativas implican serios riesgos para la protección de datos personales, la seguridad e integridad de las personas, así como la legalidad. Este fallo es particularmente relevante en un contexto donde el espionaje gubernamental con software como “Pegasus” ha sido documentado desde 2015 contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
El fallo del juez refuerza la importancia del juicio de amparo como una herramienta fundamental para la ciudadanía con el objetivo de protegerse frente a posibles abusos de poder. Además, crea un precedente relevante para otros casos de amparo pendientes relacionados con el mismo paquete legislativo. La organización ARTICLE 19 destacó que la decisión refleja el compromiso del juez con los derechos fundamentales y espera que otros tribunales tomen en cuenta este precedente en sus futuras resoluciones.
La suspensión se produce en un momento en que se debaten reformas a la Ley de Amparo que buscan debilitar esta protección, lo que, según la organización, representa un riesgo significativo para los derechos de los ciudadanos frente a actos que podrían vulnerarlos. El caso subraya la tensión entre la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales en México, poniendo de relieve la necesidad de controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas en las políticas de vigilancia.
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