Redacción: Daniel Noriega
La consulta de revocación de mandato en Oaxaca no alcanzó el umbral legal y dejó al descubierto una baja participación, denuncias de irregularidades y una fractura política dentro del oficialismo. El ejercicio, que costó cerca de 100 millones de pesos, evidenció el desgaste del gobierno de Salomón Jara y el creciente descontento ciudadano.
Oaxaca vivió este domingo una jornada que prometía ser histórica, pero que terminó marcada por la controversia, el abstencionismo y señalamientos de corrupción electoral al viejo estilo. La consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz no solo falló en alcanzar el umbral para ser vinculante, sino que exhibió las costuras rotas de la alianza oficialista en el estado.
El ejercicio democrático, celebrado el pasado 25 de enero, costó al erario cerca de 100 millones de pesos, pero los resultados políticos podrían salirle aún más caros al mandatario estatal. Según los reportes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la participación apenas rondó el 30%, quedando muy lejos del 40% necesario para que el resultado tuviera efectos legales. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no fue la apatía, sino lo que ocurrió en las casillas.
Desde las primeras horas, las redes sociales y observadores electorales se inundaron de denuncias sobre serias anomalías. Se reportaron prácticas que parecían erradicadas: el famoso “acarreo” de votantes, coacción del voto a beneficiarios de programas sociales y, lo más grave, el hallazgo de urnas llenas de votos antes de tiempo en bastiones clave.
A pesar de toda la maquinaria estatal desplegada, las cifras revelaron un descontento palpable. Si bien la opción de la continuidad ganó en el conteo general, un sorpresivo 38% a 40% de los votantes eligió la opción de revocarle el mandato por “pérdida de confianza”. Este dato es demoledor si se considera que, en ejercicios de esta naturaleza, el oficialismo suele arrasar sin oposición.
La crisis escaló cuando Benjamín Robles, figura clave del Partido del Trabajo (PT) y aliado tradicional de la 4T, rompió el silencio. En una declaración incendiaria, calificó a Jara de “pseudo gobernador ilegítimo”, acusándolo de operar un fraude monumental para maquillar su falta de apoyo popular. Robles aseguró que, incluso con las trampas, el gobernador perdió en su propia casilla, un símbolo de rechazo que resuena a nivel nacional.
Lo que intentó venderse como una ratificación de liderazgo se ha transformado en un bumerán político. Oaxaca no solo ha dejado en evidencia la fragilidad del control político de Salomón Jara, sino que ha expuesto una guerra civil al interior del movimiento de la Cuarta Transformación en el sur del país. Con un gobierno deslegitimado por sus propios socios y una ciudadanía escéptica, los próximos años de gestión se vislumbran complicados en una entidad que históricamente no perdona la traición política.
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