Redacción Marlone Serrano
Dámaso Castro Saavedra solicita licencia como vicefiscal tras señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, en medio de una crisis política que también involucra a Rubén Rocha Moya.
En medio de una creciente polémica, el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente de su cargo, luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la solicitud fue presentada el 5 de mayo de 2026 y se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes, tanto federales como estatales. La dependencia subrayó que el trámite se apega a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Los señalamientos contra el funcionario provienen del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se le relaciona presuntamente con la facción criminal conocida como Los Chapitos. De acuerdo con documentos judiciales, Castro Saavedra habría sido identificado bajo el alias “Culiacán Regio” en registros que lo vinculan con supuestos pagos ilícitos de hasta 200 mil pesos mensuales.
Las acusaciones incluyen presuntos actos de protección y filtración de información sobre operativos de seguridad, algunos de ellos coordinados con agencias estadounidenses. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado investigaciones formales en su contra dentro del país.
Este caso se suma a una serie de movimientos políticos en Sinaloa, donde otros funcionarios de alto nivel, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, también han solicitado separarse de sus cargos en medio de señalamientos similares.
Con más de 25 años de trayectoria en procuración de justicia, Castro Saavedra ingresó a la fiscalía estatal en 1999 y ocupó diversos cargos hasta asumir la Vicefiscalía en 2021. Tras anunciar su licencia, el funcionario aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier requerimiento institucional “en estricto apego al marco jurídico”. El desarrollo del caso mantiene la atención tanto en el ámbito judicial como político, en un contexto de creciente presión internacional sobre autoridades locales vinculadas a investigaciones por narcotráfico.
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