La historia parece empeñarse en repetirse. Apenas seis años después de que la comunidad migrante lograra impedir la desaparición de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, esta conquista democrática vuelve a colocarse en la línea de fuego. Cambian los argumentos, cambian los promotores, pero el objetivo parece similar: disminuir el peso político de millones de mexicanas y mexicanos que, aunque viven fuera del territorio nacional, jamás han dejado de formar parte de él. Así lo denuncia la binacional @FuerzaMigrante
En 2020, la representación política de la diáspora enfrentó uno de sus mayores desafíos. Diversas decisiones institucionales amenazaban con eliminar la figura de la Diputación Migrante. La reacción de organizaciones binacionales, especialistas y ciudadanos fue inmediata. #FuerzaMigrante encabezó entonces una defensa jurídica y política que concluyó con una resolución favorable de los tribunales electorales, reafirmando que la representación migrante no era una concesión graciosa del poder político, sino un derecho conquistado mediante años de organización, participación y exigencia ciudadana.
Aquella batalla parecía haber dejado una lección elemental: los derechos políticos de los mexicanos en el exterior no pueden convertirse en moneda de cambio de las coyunturas partidistas.
Hoy, sin embargo, esa lección parece haberse olvidado.
La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México para modificar el mecanismo de asignación de la Diputación Migrante constituye un nuevo intento por vaciar de contenido una representación que nació precisamente para garantizar que la voz de quienes viven en el extranjero no quedara subordinada a las dinámicas electorales locales.
El problema no es únicamente técnico ni jurídico. Es profundamente político.
Si la curul destinada a representar a la comunidad migrante termina dependiendo de los resultados obtenidos por los partidos dentro de los distritos electorales de la capital, entonces el voto emitido desde el extranjero deja de ser el factor determinante para convertirse en un elemento secundario. En otras palabras, la representación migrante dejaría de responder prioritariamente a los migrantes.
Eso contradice la razón misma por la cual fue creada esta figura.
La #DiputaciónMigrante nunca fue diseñada para fortalecer a los partidos políticos. Fue concebida para fortalecer la democracia. Su existencia reconoce que millones de mexicanos mantienen vínculos permanentes con su país, sostienen comunidades enteras mediante remesas, impulsan inversiones, promueven intercambios económicos, culturales y académicos, y continúan ejerciendo derechos ciudadanos pese a la distancia geográfica.
Reducir esa representación a una simple extensión de las disputas electorales locales significaría despojarla de su esencia.
Lo más preocupante es el mensaje político que envía esta iniciativa.
Mientras el Estado mexicano reconoce cada vez con mayor claridad la importancia económica de la diáspora —que aporta decenas de miles de millones de dólares en remesas cada año y constituye uno de los principales vínculos internacionales del país—, algunos actores políticos parecen empeñados en limitar justamente los espacios donde esa misma diáspora puede participar en la toma de decisiones públicas.
Se celebra la contribución económica del migrante, pero se cuestiona su representación política.
Se reciben sus remesas, pero se relativiza el valor de su voto.
Se presume el orgullo por las comunidades mexicanas en el extranjero, pero se pretende reducir la eficacia de los mecanismos creados para que esas comunidades tengan voz propia.
Esa contradicción resulta difícil de justificar en una democracia que aspire a ser verdaderamente incluyente.
También preocupa la forma.
Modificar una figura constitucional de representación especializada sin abrir previamente un proceso amplio de Parlamento Abierto, consultas públicas y diálogo directo con las comunidades migrantes implica ignorar precisamente a quienes serán los principales afectados por la reforma.
Los derechos no se redefinen sin escuchar a sus titulares.
Las reformas que afectan a millones de mexicanos en el exterior no pueden construirse desde escritorios legislativos alejados de la realidad migratoria.
Por ello resulta pertinente que Fuerza Migrante haya convocado a construir un frente común entre organizaciones, clubes de oriundos, federaciones, activistas y líderes comunitarios de ambos lados de la frontera. No se trata únicamente de defender una curul. Es defender un principio democrático fundamental: que ninguna representación especial conserve legitimidad si deja de responder a la comunidad para la cual fue creada.
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