Redacción Daniel Lee
Más de 3 mil 209 millones de comprobantes fiscales certificados y siete proveedores bajo escrutinio obligan a mirar más allá de las sanciones: ¿dónde estaban los controles del SAT mientras operaba una infraestructura que representa 20.53 por ciento de la facturación nacional? La autoridad debe combatir las facturas falsas, pero también explicar cómo funcionaron sus mecanismos de vigilancia, qué irregularidades detectó y si pudo prevenirlas oportunamente.
La revocación de cinco autorizaciones a proveedores de certificación de facturas electrónicas y la apertura de otros dos procedimientos abren un frente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no puede despachar con un comunicado. Está en juego la confiabilidad de un sistema esencial para millones de operaciones fiscales y la certeza jurídica de miles de contribuyentes.
Las cifras, atribuidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a estadísticas del propio SAT citadas en la documentación del caso, dimensionan el alcance del problema. Los siete proveedores señalados participan en aproximadamente 20.53 por ciento de la facturación nacional; los cinco que perdieron su autorización acumularon más de 3 mil 209 millones de comprobantes certificados.
La pregunta no es solamente qué hicieron los proveedores. También es qué sabían las autoridades, qué podían detectar sus sistemas y cómo actuaron frente a las posibles irregularidades.
En su comunicado del 18 de octubre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno vinculó las medidas con el combate a las empresas que facturan operaciones simuladas. Sin embargo, esa explicación no resuelve las interrogantes centrales: ¿qué conductas se acreditaron en cada caso?, ¿qué pruebas sustentaron las decisiones?, ¿qué información estaba disponible cuando se certificaron los comprobantes? y ¿los mecanismos de supervisión funcionaron con la oportunidad y eficacia necesarias?
No son cuestionamientos para frenar la fiscalización. Son exigencias básicas de rendición de cuentas.
Si los proveedores tenían la obligación de consultar publicaciones oficiales y operaban dentro de un esquema de certificación sujeto a reglas y mecanismos de validación, corresponde aclarar qué información podían conocer, qué alertas existían y cómo se evaluaron esos elementos antes de revocar las autorizaciones.
La responsabilidad de las empresas debe determinarse con pruebas y conforme a la ley. Pero la autoridad tampoco puede colocarse al margen del escrutinio. Si hubo incumplimientos de los proveedores, deben sancionarse; si existieron deficiencias en los controles institucionales, también deben investigarse y corregirse.
Una sanción no sustituye una explicación, y un señalamiento oficial no elimina la obligación de demostrar las responsabilidades.
El problema tiene, además, una dimensión económica y reputacional. La pérdida de una autorización puede afectar la continuidad operativa de un proveedor, comprometer la confianza de sus clientes y generar incertidumbre entre los contribuyentes que utilizan sus servicios. Por eso, es indispensable distinguir entre las conductas acreditadas, los señalamientos de la autoridad y los aspectos que todavía requieren aclaración.
El SAT debe explicar los criterios aplicados, precisar los fundamentos de sus resoluciones y aclarar si sus mecanismos de supervisión permitieron identificar oportunamente las irregularidades. También debe informar qué medidas adoptará para fortalecer los controles y evitar que situaciones similares vuelvan a poner en duda la confiabilidad de la facturación electrónica.
No se pide indulgencia para las empresas ni concesiones frente a la evasión fiscal. Se exige una fiscalización eficaz, decisiones debidamente fundamentadas y transparencia.
La credibilidad de la autoridad fiscal no depende únicamente de su capacidad para sancionar, sino también de su disposición para explicar sus decisiones y revisar sus propios procedimientos.
La facturación electrónica es una pieza estratégica de la administración tributaria mexicana. Si los controles fallaron, hay que saber dónde y por qué. Si las sanciones están plenamente sustentadas, corresponde demostrarlo. Y si existen responsabilidades de distinta naturaleza, deben establecerse sin privilegios ni condenas anticipadas.
El SAT debe combatir las facturas falsas, pero no puede pedir confianza a ciegas. Tiene que demostrar que sus controles funcionan, que sus decisiones resisten el escrutinio y que la rendición de cuentas también comienza en casa.
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